El AKP revela su proyecto de reforma constitucional

El partido AKP del primer ministro Erdoğan inició este lunes la ronda de contactos con todos los partidos políticos representados en el parlamento acerca del paquete de reformas constitucionales.

El partido AKP del primer ministro Erdoğan inició este lunes la ronda de contactos con todos los partidos políticos representados en el parlamento acerca del paquete de reformas constitucionales propuesto para ser aprobado por la Asamblea Nacional Turca, y cuyo contenido ha sido finalmente desvelado.
 
Si bien el contenido aún es un borrador y el proyecto definitivo tomará forma tras las consultas con el resto de partidos -incluyendo aquellos que no tienen representación parlamentaria-, algunos de los principales aspectos de este nuevo intento del AKP por traer reformas a Turquía que la acerquen a la UE parecen estar ya claros. Así, entre los cambios propuestos a la carta magna estaría otorgar poderes al parlamento para evitar la ilegalización de partidos políticos de manera unilateral por parte del poder judicial, o permitir que tribunales civiles juzguen a oficiales militares, incluyendo así la derogación de una ley que evita que se juzguen a los autores del golpe de estado de 1980.
 
Otras reformas propuestas tienen que ver con medidas de discriminación positiva hacia la mujer, a la vez que se vuelve a introducir la polémica reforma -que en su día fue aprobada por el parlamento pero rechazada por el Tribunal Constitucional- que permitía que las mujeres vestidas con el tradicional pañuelo islámico pudieran asistir a las universidades públicas del país. De este modo se vislumbra que el AKP quiere incluir en estas reformas muchas otras propuestas anteriormente y que fueron rechazadas en su día por la cúpula judicial.
 
Precisamente para evitar esto, una de las principales reformas se refiere a la reestructuración del funcionamiento, composición y competencias del Tribunal Constitucional y el Consejo de Jueces y Fiscales de Turquía (HSYK), ambos responsables del bloqueo de numerosas leyes aprobadas tanto por el gobierno como por el parlamento. Así por ejemplo, en el caso de la ilegalización de partidos políticos, el fiscal jefe de la Corte Suprema de Apelaciones no podría pedir directamente al Constitucional la clausura de una formación política -como ocurrió con el propio AKP o con el pro kurdo DTP-, sino que debería contar previamente con el visto bueno del parlamento.
 
Con la reforma del HSYK se trataría de evitar que siga siendo un grupo que actúa unilateralmente y con un alto grado de politización; por ejemplo el plan de reformas prevé que los jueces puedan supervisar sus decisiones, además de una redefinición completa del proceso de elección de sus miembros, que pasarían de los actuales 7 a 21 y procurándose una amplia representatividad de opiniones en su seno.
 
El plan anunciado hace tiempo por el gobierno para sacar adelante antes del fin de esta legislatura una reforma de la actual Constitución -que fue elaborada tras el golpe de estado del 12 de septiembre de 1980- ha sido acogido gran entusiasmo tanto por el público -que apoya mayoritariamente una reforma constitucional, según las encuestas- como por numerosas organizaciones. Un grupo de intelectuales liderados por los profesores Baskın Oran, Binnaz Toprak y Halil Berktay hicieron público este lunes un comunicado de claro apoyo a los esfuerzos del ejecutivo del AKP por sacar adelante contra viento y marea la necesaria reforma constitucional. «La principal necesidad de Turquía en su camino hacia la democratización es la reforma de la Constitución por una igualitaria, democrática y que promueva las libertades», decía el comunicado.
 
No está tan claro sin embargo que los dos principales partidos de la oposición en el parlamento turco vayan a acoger con igual entusiasmo la propuesta. Por un lado el Partido Republicano del Pueblo (CHP) ya ha dejado claro que «de ninguna manera» aprobará las reformas, ya que sostiene que el AKP pretende acabar con el estado laico; mientras, el Partido del Movimiento Nacional (MHP) está de acuerdo en que la carta magna debería ser cambiada, pero defiende que ese proceso lo lleve a cabo el parlamento que salga de las elecciones generales previstas para el año que viene.