La cifra de muertos por las dos explosiones en la universidad de la segunda ciudad más importante de Siria aumentó el miércoles hasta casi 90, la mayoría estudiantes.
El gobierno sirio ordenó el miércoles el cierre de las universidades y la suspensión de todas las clases a lo largo y ancho de todo el país tras la trágica muerte el martes de cerca de 90 personas en dos explosiones en un campus de la ciudad de Alepo, al norte del país.
El ministro de educación sirio ordenó el cierre de todos los centros educativos del país y la suspensión de los exámenes en «señal de luto» por las víctimas de las explosiones del martes, según informó la agencia estatal de noticias SANA, en las que según las últimas estimaciones han muerto 87 personas aunque muchos heridos permanecen en estado muy grave.
Las fuerzas rebeldes y el régimen de Bashar al-Assad se acusan mutuamente de las dos explosiones que sacudieron el martes la universidad de Alepo, localizada en una zona de la ciudad aún bajo control del gobierno. El campus estaba repleto de estudiantes que acudían a realizar sus exámenes, pero también acogía a numerosos habitantes que se habían refugiado allí huyendo de los combates en otras zonas.
Mientras que activistas de la oposición afirman que se trató de un bombardeo aéreo de las fuerzas gubernamentales e incluso colgaron un video en internet en el que se podía ver un caza del ejército sirio sobrevolando la zona, la televisión estatal siria acusaba a los «terroristas» -término empleado por el régimen para referirse a las fuerzas de la oposición- de haber disparado dos misiles tierra-tierra contra el campus. De confirmarse sería la primera vez que los rebeldes que combaten al gobierno emplearían este tipo de armamento pesado, hasta ahora controlado por el ejército sirio.
Mientras tanto a unos 60 kilómetros al suroeste de Alepo, en la ciudad de Idlib -próxima a la frontera con Turquía- al menos 24 personas morían el miércoles tras la explosión de tres coches bomba que dejaron además 35 heridos. Los atentados iban dirigidos al parecer contra vehículos de fuerzas del régimen, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres.
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