El miércoles se inició en Estambul el juicio en el que Taner Kılıç, presidente de Amnistía Internacional en Turquía, y su directora İdil Eser, son juzgados junto con otros 9 activistas acusados de colaborar con grupos terroristas.
Un tribunal de Estambul decretó a última hora del miércoles la puesta en libertad de los ocho activistas arrestados el pasado mes de julio en la isla turca de Büyükada, en el juicio que se sigue contra ellos acusados de supuesta colaboración con organizaciones terroristas.
Los acusados son Günal Kurşun y Veli Acu de la Asociación de Derechos Humanos, Özlem Dalkıran y Nalan Erkem de la Asamblea de Ciudadanos, Ali Gharavi (ciudadano sueco asesor de estrategias de tecnología), Peter Frank Steudtner (ciudadano alemán y formador sobre no violencia y bienestar), İlknur Üstün de la Coalición de Mujeres, Nejat Taştan de la Asociación por la Vigilia de la Igualdad de Derechos, Şeyhmus Özbekli de la Iniciativa Derechos, İdil Eser (directora de Amnistía Internacional -AI- en Turquía) y Taner Kılıç (presidente de AI). Ocho de ellos estaban en prisión preventiva, mientras que los otros tres estaban siendo juzgados en libertad.
Todos los acusados –que fueron detenidos el pasado 5 de julio durante una reunión celebrada en la isla estambulita de Büyükada- asistieron a la primera sesión del juicio celebrada el miércoles en el Palacio de Justicia de Çağlayan (Estambul), en la que todos negaron cada uno de los cargos y pidieron su libre absolución. La fiscalía pide entre 7 y 15 años de cárcel para cada uno de ellos por los cargos de pertenencia o colaboración con “organización terrorista armada”, unos cargos que todos los acusados han negado categóricamente.
“De todas las organizaciones terroristas a las que estoy acusado de ayudar en la acusación, sólo había oído sobre dos de ellas por las noticias antes de llegar a Turquía… Ninguno de los datos que se incluyen en la acusación me vinculan a ninguna organización terrorista. Pido mi liberación y absolución”, declaró ante el tribunal el alemán Peter Steudtner.
“Todas las acusaciones contra mí están basadas en el trabajo de Amnistía Internacional”, declaró por su parte ante la corte de Estambul asignada al caso la directora de AI, İdil Eser, quien posteriormente explicó cuáles eran sus funciones en la organización y el trabajo que ésta desempeñaba.
La fiscalía acusa a los 11 activistas de tratar de provocar actos de violencia e incitar a protestas públicas masivas como las organizadas en 2013 por el Gezi Park durante la llamada “Marcha de la Justicia” organizada entre el 15 de junio y el 15 de julio por el principal partido de la oposición turca, el CHP, que recorrió la distancia entre Ankara y Estambul tras la encarcelación de uno de sus diputados.
Según el escrito de la acusación, los activistas habían organizado el 5 de julio un “encuentro secreto” en Büyükada –una de las llamadas “Islas de los Príncipes”- para hablar sobre las “actividades ilegales” que planeaban.
Taner Kılıç, presidente de Amnistía Internacional Turquía, había sido detenido previamente el 10 de junio -antes del encuentro en Büyükada- tras ser identificado por la policía como uno de los usuarios de la aplicación para móviles ByLock, usada en exclusiva por los miembros de la secta religiosa dirigida por el clérigo Fethullah Gülen (FETÖ) –acusado en Turquía de organizar el fallido golpe de Estado del año pasado- para comunicarse entre ellos, según las investigaciones desarrolladas por los servicios de inteligencia turcos.
La fiscalía acusó entonces a Kılıç de pertenencia a organización terrorista, permaneciendo bajo custodia desde el 10 de junio en la provincia de İzmir a la espera de juicio; tras la detención de los otros activistas y de la directora de AI en Büyükada, el proceso contra Kılıç fue unido al abierto contra los activistas detenidos en la isla, a los que se acusa de colaboración con organización terrorista.
Por su parte la organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha negado todas estas acusaciones asegurando que el encuentro en Büyükada formaba parte de una reunión formativa rutinaria, y ha exigido la puesta en libertad de sus dos responsables en Turquía.
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Pablo Gómez es especialista en Turquía y editor jefe de Hispanatolia desde 2011. Desde 2006 se dedica al análisis de la actualidad y la geopolítica de Turquía y su región.
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