El parlamento sueco reconoce el genocidio armenio

Turquía retiró a su embajadora en Estocolmo y canceló un viaje previsto del primer ministro turco a Suecia, después de que el parlamento sueco aprobase la resolución por un solo voto.

Turquía retiró a su embajadora en Estocolmo y canceló un viaje previsto del primer ministro turco a Suecia, después de que el parlamento sueco aprobase inesperadamente este jueves por un solo voto y en contra de la opinión del gobierno una moción en la que se califican las muertes de armenios en 1915 como «genocidio», algo que es negado categóricamente por Ankara.
 
El parlamento sueco aprobó por sorpresa este jueves una moción presentado por la oposición de izquierda en la que se reconoce el llamado «genocidio armenio», a pesar de la oposición del propio gobierno sueco. Según el texto, que fue aprobado por un solo voto de diferencia, «Suecia reconoce el genocidio de 1915 contra los armenios, asirios, sirios, caldeos y griegos pónticos».
 
La moción pudo salir adelante gracias a que cuatro diputados de la coalición gubernamental de centro derecha no siguieron las consignas de voto de sus partidos y apoyaron la propuesta. En total la votación salió adelante por 131 votos a favor y 130 en contra, gracias a que 88 diputados no habían asistido a la misma. Se da la circunstancia de que esta propuesta había sido rechazada en 2008 por la comisión de exteriores del parlamento sueco, pero la oposición al gobierno consiguió volver a llevarla a la cámara y aprobarla contra todo pronóstico.
El ministro sueco de Exteriores, Carl Bildt, anunció nada más conocerse el resultado de la votación que mantenía «sin cambios» la línea de su gobierno de apoyar plenamente el ingreso de Turquía en la Unión Europea. «Creemos que se trata de una error politizar la historia», declaró el ministro, que subrayó que «lamentablemente, la decisión del parlamento no va a facilitar el proceso de normalización en curso entre Turquía y Armenia, ni el trabajo de una comisión histórica que debe investigar sobre los acontecimientos de 1915».
Por parte de Turquía la reacción no se hizo esperar. Ankara llamó de inmediato a consultas a su embajadora en Estocolmo, Tergün Korutürk, que recibió la orden de regresar a su país sin fecha prevista de retorno. Por su parte la oficina del primer ministro turco Recep Tayyip Erdoğan emitió un comunicado de protesta en el que decía: «Condenamos con firmeza esta decisión. Nuestro pueblo y nuestro gobierno rechazan esta decisión llena de errores y sin fundamento. Se equivocan fuertemente los que creen que las realidades históricas y la valoración de Turquía sobre su historia cambiarán con votos de parlamentos extranjeros basados en cálculos políticos». La misma nota anunciaba, además de la retirada de la embajadora Korutürk de Estocolmo, la cancelación de un viaje oficial del primer ministro Erdoğan previsto para el próximo día 17 de marzo.
 
Por su parte el presidente turco Abdullah Gül lamentó lo que consideró «una falta de respeto por la historia». «Todas estas decisiones son erróneas y constituyen una gran injusticia hacia la ciencia de la historia. Yo doy importancia a la paz, la estabilidad y la cooperación. Para mí es importante la solución de los problemas en la región del Cáucaso, y espero que todo el mundo vea lo incorrecto de decisiones políticas como estas, que dañarán la paz y la estabilidad a largo plazo», comentó Gül, que agregó que tanto los políticos como aquellas personas que no poseen conocimientos históricos no deberían decidir sobre asuntos relacionados con la Historia.
Justo una semana antes una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó otra resolución similar en la que también se calificaban las muertes de armenios durante los últimos años del Imperio Otomano como un «genocidio», tesis que defiende Armenia. En aquella ocasión la propuesta también fue aprobada por sólo un voto de diferencia y con la oposición del presidente Barack Obama, que considera que la iniciativa sólo perjudica el trabajo de los historiadores y el proceso de reconciliación puesto en marcha entre Turquía y Armenia. Ankara ordenó también el regreso de su embajador en Washington, que desde entonces permanece en Turquía «sine die».
 

El problema del «genocidio»

Turquía y Armenia firmaron el pasado 10 de octubre de 2009 en Suiza y gracias a la mediación internacional sendos protocolos en los que se establecían los principios para la normalización de relaciones entre las dos naciones y la reapertura de su frontera común, que Turquía cerró en 1993 en protesta por la invasión armenia del enclave azerbaiyano de Nagorno-Karabaj.
 
En esos mismos protocolos -que aún deben aprobar sus respectivos parlamentos y que están generando una gran oposición interna en ambos países- se establecía por primera vez además la creación de una comisión histórica científica e imparcial que examinase todos los documentos y archivos existentes sobre lo ocurrido en los sucesos de 1915 y comprobase la verosimilitud de las alegaciones acerca del llamado «genocidio armenio», que los armenios aseguran fue cometido deliberadamente en esos años finales del Imperio Otomano (en plena I Guerra Mundial) y en el que afirman murió un millón y medio de personas. En dicha comisión, además de expertos turcos y armenios, participarían también historiadores suizos y de otros terceros países.
 
Sin embargo, el pasado 12 de enero el Tribunal Constitucional de Armenia declaraba que el texto del protocolo que debía ratificar el parlamento armenio era contrario a la constitución del país, ya que ésta establece como certeza y condición sine qua non el reconocimiento explícito del genocidio armenio cometido supuestamente por los turcos. Turquía dijo entonces que esa decisión iba en contra del espíritu del acuerdo, pero el gobierno armenio respondió diciendo que Ankara también ponía inconvenientes al exigir la retirada de las tropas armenias de Nagorno-Karabaj para reabrir su frontera.
 
La propuesta, que fue todo un logro en el momento de la firma de los protocolos, no era sin embargo nueva. Ya en 2005 el gobierno turco había propuesto oficialmente a Armenia la creación de una comisión histórica conjunta formada por historiadores y otros expertos -incluso de otros países- que examinase conjuntamente lo ocurrido entre 1915 y 1917, no sólo en base a los documentos en poder de Turquía y Armenia, sino también en cualesquiera otros que pudiese haber en terceros países.
 
El veredicto de dicha comisión sería hecho público y aceptado por ambas partes; de hecho, el gobierno turco llegó incluso a ofrecerse para pagar a la diáspora armenia -conocida por su animosidad hacia Turquía- la apertura de todos los archivos sobre el supuesto genocidio, ya que la comunidad armenia estadounidense alegaba que no podía demostrar muchas de sus tesis sobre el genocidio debido al coste de recuperar antiguos documentos de la época. Sin embargo, ya en aquella ocasión tanto la oferta hecha a la Diáspora Armenia como la propuesta de creación de una comisión histórica conjunta fue rechazada unilateralmente y sin explicaciones por los armenios.
 
Turquía no niega la muerte de cientos de miles de armenios en esos años de la I Guerra Mundial, pero asegura que estas no fueron producto de un «genocidio» deliberado o de una campaña de exterminio sino consecuencia del caos de los últimos años del Imperio Otomano, y ha presentado pruebas en las que afirma que al menos otros tantos turcos fallecieron en esa época en matanzas perpetradas por los armenios alzados en armas o por otras potencias occidentales, sin que estas hayan sido reconocidas.