El gobierno turco y el grupo armado difieren notablemente acerca de las fechas límite y la forma en que debe producirse la retirada, que el primer ministro Erdoğan insiste en que sólo es posible si antes los terroristas entregan las armas.
La posible retirada de los militantes del grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) anunciada el pasado 21 de marzo –con ocasión de la celebración de la fiesta del Nevruz- por el líder de la organización, Abdullah Öcalan, parece haberse encontrado con varios obstáculos en el camino difíciles de resolver.
Hace unos días era el líder del PKK en el norte de Irak –donde el grupo terrorista tiene sus campamentos desde los que realiza incursiones en territorio turco-, Murat Karayılan, quien lanzaba el primer jarro de agua fría al asegurar que la retirada no podría completarse hasta finales de año, y que si bien tanto él como los altos mandos de la organización estaban dispuestos a acatar el llamamiento de Öcalan, sería difícil convencer a gran parte de los militantes del grupo así como a comandantes de menor rango de poner fin a la violencia tras casi tres décadas de lucha armada.
El gobierno turco respondía sin embargo por boca del ministro de justicia Sadullah Ergin que esperaba dicha retirada antes de septiembre –algo lógico dadas las dificultades de una retirada con la llegada del mal tiempo y el frío a las regiones del sureste de Anatolia- y rechazaba además que el parlamento fuese a aprobar ningún tipo de resolución o reforma legal para “garantizar” la retirada segura de los miembros del PKK de territorio turco, tal y como habían exigido entre otros Karayılan e incluso el propio Öcalan.
El último escollo en el proceso llegaba el viernes por boca del primer ministro turco Recep Tayyip Erdoğan, quien el viernes durante una entrevista concedida al canal de televisión CNN Türk se refería a la controversia acerca de las condiciones de retirada de los entre 1.500 y 2.000 miembros del PKK que se estima permanecen en territorio turco, diciendo que estos antes deberían entregar las armas.
“Si ellos (el PKK) cruzan nuestras fronteras, eso sería sólo posible tras entregar sus armas. Nuestras fuerzas de seguridad no se enfrentarán a aquellos que ya hayan depuesto las armas”, dijo el mandatario turco durante la entrevista, en la que señaló que la idea de aprobar una ley en la Asamblea Nacional Turca para permitir la retirada segura de los militantes del PKK sería contraria a la Constitución.
“Quizás irán a Irak, quizás a Siria, o quizá a Europa, en especial a países escandinavos”, dijo el primer ministro turco sobre el destino final de esos militantes una vez abandonen Turquía, explicando que ese sería un problema sobre todo para el país que decida acogerlos. “Lo que es importante para mí es la paz en mi país. Lo que sé es que cuando se vayan (los terroristas), el ambiente en mi país cambiará en cuanto advirtamos (tras la retirada) el despegue económico en el este (de Anatolia)”, subrayó Erdoğan, que también volvió a negar que Öcalan fuese a ser liberado o sometido a un nuevo régimen penitenciario, como un arresto domiciliario, tras el proceso.
El sábado llegaba sin embargo la respuesta a estas declaraciones por medio de un comunicado de la Unión de Comunidades del Kurdistán o KCK (una organización considerada en Turquía la ramificación urbana del PKK), difundido a través de páginas web afines al PKK, en el que se afirmaba que era “obligatorio” que el gobierno turco garantizara mediante una ley el “funcionamiento adecuado” del proceso de retirada.
“No está en la agenda de nuestro movimiento retirarnos como ha sido sugerido por Erdoğan. Será posible que la retirada se incluya en nuestra agenda sólo después de que el Estado (turco) tome los pasos necesarios y cree una fase preparatoria positiva y legal”, decía el comunicado, que rechazaba de lleno una retirada de las armas antes de abandonar territorio turco.
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