El poder civil asestó este lunes un golpe mortal a un ejército ya sin nada que decir en la vida política turca. En una demostración de fuerza del gobierno encabezado por Recep Tayyip Erdoğan, la mayor parte de los acusados por la supuesta trama golpista conocida como Ergenekon fueron condenados a duras penas de cárcel que llegan hasta la cadena perpetua.
La política es imagen, y así lo entiende acertadamente el gobierno turco. En lo que fue un auténtico “show” mediático, el Tribunal de Silivri emitió su veredicto sobre los 275 acusados por la trama Ergenekon, que según dicen tenía como objetivo derrocar al gobierno e incluso asesinar al propio Erdoğan. Como parte del espectáculo las sentencias fueron anunciadas de una en una en unos tribunales a los que solamente pudieron acceder los acusados, sus abogados y miembros de la prensa mientras que manifestantes en apoyo de los acusados eran reducidos en el exterior por la policía. En un proceso eminentemente político, rivales del actual partido gobernante, entre los que se encontraban militares, políticos, periodistas y abogados, fueron condenados en su mayoría a diferentes penas de prisión.
Nadie es capaz de negar la existencia del notorio Derin Devlet (Estado Profundo en turco) en Turquía, una amalgama de militares ultranacionalistas, fascistas y mafiosos, para simplificar el asunto, responsables de un número desconocido de crímenes y conspiraciones. Con toda seguridad, un brazo de dicho movimiento planeó acabar con el gobierno del AKP, partido de raíces islamistas, a través de diferentes acciones diseñadas para llevar la inestabilidad al país euroasiático. Quien tenga conocimiento de la historia contemporánea de Turquía, sabrá que las conspiraciones, extranjeras o nacionales, son un parte importante de la misma. Por ello, es razonable pensar que sí hubo una trama para derrocar al gobierno protagonizada por versos sueltos del ejército, miembros de partidos políticos de dudoso origen como el Partido de los Trabajadores (İP por sus siglas en turco) y otros individuos. El gobierno reaccionó rápidamente y con firmeza mientras que al mismo tiempo no ha desaprovechado la ocasión para acabar con ciertos focos de resistencia y demostrar quien manda ahora en Turquía.
Como en toda democracia actual, también la división de poderes que hay en Turquía haría revolverse a Montesquieu en su tumba parisina. La influencia del poder legislativo, y por ende ejecutivo, en el judicial es notable aunque hasta hace poco, por un tema ideológico, la judicatura era uno de los grandes enemigos de Erdoğan y su gobierno. Ahora, tras 11 años en el poder la situación es diferente y sería equivocado pensar que el gobierno no ha ejercido ninguna influencia en los veredictos que han sido anunciados.
Lo que empezó como una investigación de una supuesta trama golpista ha acabado en un macrojuicio con 275 acusados, muchos de ellos personalidades de primera fila. Este circo mediático ha sido promovido por el gobierno para demostrar su fuerza. ¿Quién pensaría hace unos años que todo un Jefe del Estado Mayor podría ser condenado a cadena perpetua? Ni el propio afectado, İlker Başbuğ, podría imaginarlo pero así ha sido. Al que fuera Jefe del Estado Mayor de 2008 a 2010 se le he acusado de “intento de derrocar o entorpecer al gobierno de la República de Turquía por medio del uso de la fuerza y la violencia” así como de “liderazgo de una organización terrorista armada” por, según la fiscalía, su implicación en una supuesta campaña a través de Internet desde la cúpula militar para desacreditar al partido gobernante AKP y a varias organizaciones y minorías del país. Por ello se le ha condenado a cadena perpetua. Juzguen ustedes mismos.
No cabe duda que entre las 251 personas encontradas culpables por el tribunal hay verdaderos golpistas, criminales que merecen estar en prisión, personajes como el sombrío general Veli Küçük por ejemplo. No obstante, el número de irregularidades cometidas durante los juicios, el hecho que haya intervenido un tribunal especial para juzgar los crímenes relacionados con el terrorismo y la excesiva dureza de las penas para algunos de los acusados poco relacionados con la trama, restan credibilidad y legitimidad a las sentencias. En vez de unir a la sociedad por le democracia y contra los golpes de estado, este juicio con visos de espectáculo circense ha servido para dividirla aún más. Una oportunidad perdida en la democratización de Turquía al fin y al cabo.
Juicios similares al de Ergenekon, aunque no de tal magnitud, han tenido lugar a los largo de la reciente historia de Turquía. Sin embargo, los papeles estaban invertidos, con el ejército en una posición intocable y elementos “reaccionarios” (léase islamistas) en el banquillo de los acusados. Ahora la situación ha cambiado. El otrora poderoso ejército turco se ha visto subordinado en su totalidad al poder civil, un éxito del gobierno de Erdoğan tanto para la democracia turca como para sus ambiciones políticas. El fin de los levantamientos militares es un paso positivo para la democratización del país pero hay una cuestión que apremia. El estamento castrense turco, al que tanto debe Turquía, era uno de los pocos controles que hacían de contrapeso al actual gobierno. Ahora, con los tres poderes a su favor y con una oposición que no levanta cabeza ¿quién vigila al gobierno? En un país con madurez democrática no sería necesario que nadie desempeñe dicho papel y Turquía no lo necesitaría de tener un gobierno de formas y maneras moderadas. No obstante, el viraje autoritario de Erdoğan y compañía no ayuda a la democratización del país.
Una vez más, cabe recordar que la Historia suele repetirse y día a día el primer ministro Erdoğan se parece más en sus acciones al desafortunado Adnan Menderes. Aún así, podemos decir con toda rotundidad que la era de los golpes de estado en Turquía ha tocado a su fin. La pregunta es: ¿empezará ahora la era de los “golpes civiles”?
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