El Tribunal Constitucional acepta las demandas del CHP

El Tribunal Constitucional anunció el lunes por la mañana que aceptaba la querella presentada por el principal partido de la oposición en Turquía (Partido Republicano del Pueblo, CHP).

El Tribunal Constitucional anunció el lunes por la mañana que aceptaba la querella presentada por el principal partido de la oposición en Turquía (Partido Republicano del Pueblo, CHP) contra el paquete de reformas constitucionales que el parlamento aprobó el pasado mes de mayo, y que el gobierno quiere someter a referéndum en septiembre.
En un comunicado, el alto tribunal señaló que examinaría la demanda presentada por 111 diputados del parlamento turco desde el punto de vista del procedimiento, ya que en teoría el Tribunal Constitucional no puede revisar la constitucionalidad de una reforma aprobada por el parlamento; sin embargo, en anteriores ocasiones el Constitucional sí ha rechazado otras reformas constitucionales argumentando que iban en contra de la Constitución o del carácter laico del Estado, como fue el caso de la reforma que permitía el uso del velo islámico en las universidades públicas del país.

Preguntado hace unos días por los periodistas si la decisión del tribunal se haría pública antes del referéndum constitucional previsto para el 12 de septiembre, el presidente del tribunal Haşim Kılıç se limitó a decir que los magistrados se reunirían para debatir la cuestión. «Todavía no hemos tomado nuestra decisión», declaró Kılıç.

El Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal partido de la oposición, presentó una demanda ante el Constitucional con la ayuda de otros partidos minoritarios pidiendo la nulidad de las reformas aprobadas en el parlamento a iniciativa del partido gobernante AKP, que incluyen precisamente cambios importantes en la estructura y funcionamiento del Tribunal Constitucional. Si éste acepta sin embargo la demanda del CHP, estaría en cuestión la celebración prevista de la consulta popular para el próximo mes de septiembre.
El primer ministro Erdoğan asegura que las reformas aprobadas buscan reducir el poder de la cúpula judicial y el ejército sobre el poder civil y son necesarias para que Turquía avance hacia la integración en la Unión Europea. La oposición por su parte dice que estas reformas son un intento del partido gobernante por controlar a los jueces y ponen en jaque el carácter laico de la República de Turquía.