El Fiscal Jefe de la Corte Suprema de Apelaciones, Abdurrahman Yalçınkaya, sugirió que permitir el uso del velo islámico en las universidades públicas podría suponer la ilegalización del AKP.
La advertencia hecha al gobierno por el Fiscal Jefe de la Corte Suprema de Apelaciones, Abdurrahman Yalçınkaya, en la que sugería que permitir el uso del velo islámico en las universidades públicas podría acarrear la ilegalización del AKP, ha despertado una ola de críticas incluyendo la del presidente del parlamento turco, que la ha exigido una disculpa inmediata.
El presidente de la Asamblea Nacional Turca, Mehmet Ali Şahin, respondía indignado el jueves a las palabras del fiscal jefe Abdurrahman Yalçınkaya, quien un día antes en un comunicado advertía sobre la posibilidad de permitir que las mujeres que visten el velo islámico entren en las universidades públicas del país afirmando que eso supondría una violación del principio del laicismo sobre el que se funda la Constitución, al tiempo que recordó al poder legislativo y ejecutivo que si no obedecen las leyes se exponen a sus consecuencias, incluyendo una nueva posible demanda de ilegalización contra el partido gobernante AKP. No en vano el mismo Yalçınkaya fue quien en 2008 presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda similar por este mismo asunto.
Haciéndose eco de las críticas vertidas por numerosas organizaciones de la sociedad civil turca contra Yalçınkaya, Şahin declaró que las palabras del fiscal suponían un intento de amordazar al parlamento y exigió que quien ha emitido ese comunicado “lo anule inmediatamente y se disculpe ante el pueblo de Turquía y ante su representación (el parlamento)”. El presidente del legislativo criticó duramente el comunicado de Yalçınkaya, agregando que la Asamblea Nacional era la única que tenía la potestad de representar al pueblo turco y ejercer la autoridad legal en su nombre.
“La Oficina del Fiscal de la Corte Suprema de Apelaciones no tiene derecho a llevar a cabo inspecciones legislativas”, dijo Şahin. “Prácticamente han intentado dar instrucciones al parlamento con una circular. Esto es absolutamente inaceptable”.
Por el contrario el principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), respaldó las declaraciones del fiscal jefe. En unas declaraciones hechas a la prensa el jueves, uno de sus miembros declaraba que con el comunicado de advertencia sobre las posibles consecuencias de la iniciativa sobre el velo, Yalçınkaya había cumplido con su deber y expresado su opinión al respecto.
“No considero que sus declaraciones sean una intervención en el parlamento”, dijo Akif Hamzaçebi, miembro del CHP, criticando la reacción tanto del AKP como de Şahin. Hamzaçebi no dudó también arremeter contra el presidente del Tribunal Constitucional, Haşim Kılıç, que en unas sorprendentes declaraciones hechas el miércoles lanzó una dura crítica contra aquellos que han acusado a las recientes elecciones para elegir a los miembros del Consejo Superior de Jueces y Fiscales de Turquía (HSYK) –realizadas por primera vez a raíz de las reformas constitucionales aprobadas en el referéndum del 12 de septiembre- de estar en contra de las reformas y los cambios democráticos y apoyar con sus acciones el statu quo existente, en una referencia que muchos interpretaron dirigida contra el CHP.
“No entiendo el silencio de aquellos que son sensibles sobre esta cuestión, contra las críticas veladas hechas por el presidente del Tribunal Constitucional”, declaró Hamzaçebi a los periodistas. Su partido y varios medios de comunicación afines han acusado al gobierno de “designar” a los candidatos elegidos para el HSYK, que oficialmente fueron candidatos independientes elegidos libremente entre los más de 11.000 jueces y fiscales en activo en todo el país. El CHP también anunció esta semana que no apoyaría al gobierno en su idea de reintroducir la iniciativa a favor de que las mujeres que visten el pañuelo islámico (“türban”, en turco) puedan asistir a clase en las universidades públicas.
Por contra Devlet Bahçeli, presidente del MHP (tercer partido en representación parlamentaria), se sumaba a las críticas contra el fiscal jefe de la Corte Suprema de Apelaciones, y en un comunicado emitido el jueves declaraba que las instituciones judiciales están sometidas a los límites impuestos por la ley y la Constitución.
“Los comunicados que puedan ser interpretados como el establecimiento de una tutela del poder judicial sobre el parlamento, son intervenciones inaceptables en la labor y la autoridad del parlamento”, afirmó Bahçeli.
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Pablo Gómez es especialista en Turquía y editor jefe de Hispanatolia desde 2011. Desde 2006 se dedica al análisis de la actualidad y la geopolítica de Turquía y su región.
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