Denuncian violaciones de derechos humanos por parte de las milicias chiíes aliadas de Bagdad

Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han documentado ejecuciones masivas de civiles desarmados, torturas, palizas, desapariciones y mutilaciones contra la población sunní en zonas reconquistadas al Daesh.

Organizaciones de derechos humanos y el gobierno regional kurdo del norte de Irak han denunciado lo que parecen ser repetidas atrocidades y abusos contra civiles de la minoría sunní cometidos por las milicias armadas chiíes que apoyan a las fuerzas del gobierno central de Irak en su lucha contra el autoproclamado Estado Islámico (Daesh, por su nombre en árabe).

La situación es especialmente preocupante en Faluya, la ciudad de la provincia iraquí de Anbar donde las tropas gubernamentales iraquíes tratan de expulsar a los militantes del Daesh que controlan la localidad desde 2014, donde cientos de civiles han muerto y miles más se han visto obligados a huir de sus hogares por los combates. Allí, un informe dado a conocer la semana pasada por la organización internacional Human Rights Watch (HRW) documenta abusos graves contra la población sunní de la ciudad por parte de las milicias chiíes aliadas del gobierno iraquí (y en gran parte apoyadas por Irán), que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones sumarias.

HRW afirma en su informe haber recibido “acusaciones creíbles de ejecuciones sumarias, palizas a hombres desarmados, desapariciones forzadas y mutilación de cuerpos por parte de las fuerzas del gobierno (de Irak) durante dos semanas de combates (en Faluya), principalmente en las afueras de la ciudad, desde el 23 de mayo”.

“El 3 de junio, Human Rights Watch recibió informaciones que afirmaban que miembros de la Policía Federal y de las Fuerzas de Movilización Populares (FMP), una fuerza de combate auxiliar creada después de las conquistas del Daesh en junio de 2014, y que incluye a muchas milicias chiíes ya existentes previamente, habían ejecutado más de una docena de civiles de la tribu Jumaila que huían de Sajar, una aldea al norte de Faluya”, denunciaba el informe.

“Otra persona que dijo estar en aquel momento en el área de Sajar, a 7 kilómetros al noreste de Faluya, contó el 28 de mayo a Human Rights Watch que vio ese día a la Policía Federal y a las FMP, incluyendo a decenas de combatientes de las brigadas Badr y de Hezbolá (dos importantes facciones chiíes que integran las FMP), disparar mortalmente contra civiles que ondeaban banderas blancas y que huían (del Daesh) hacia las fuerzas gubernamentales. (El testigo) relató que un combatiente le contó que su oficial superior le había ordenado disparar”, asegura el documento hecho público por HRW.

Estas denuncias se suman las ya realizadas también la semana pasada por el Gobierno Regional Kurdo del norte de Irak (KRG, por sus siglas en inglés), que volvió a acusar a las milicias armadas chiíes que luchan contra el Daesh al lado del ejército regular iraquí de cometer varios abusos. No es la primera vez que se han constatado violaciones de los derechos humanos en ciudades reconquistadas al Daesh pobladas por la minoría sunní, como Tikrit o Ramadi.

“Las fuerzas del ejército iraquí y las milicias Hashd al-Shaabi no deben maltratar a los civiles en las zonas reconquistadas al Daesh”, declaró a agencias de noticias turcas el secretario general del Ministerio de los Peshmerga, Jabbar Yaver. “Resulta inaceptable que los civiles estén sometidos a abusos simplemente por ser sunníes, o por haber estado viviendo en zonas controladas por el Daesh”, añadió.

Por ahora el gobierno central de Bagdad ha respondido asegurando que pondrá en marcha una investigación y arrestando algunos de los miembros de las milicias chiíes implicados. El propio gobernador de la provincia de Anbar, Suhaib al-Rawi, reconoció el domingo que entre el 3 y el 5 de junio 643 hombres han desaparecido de Faluya, y que todos los detenidos han sido sometidos a fuertes torturas colectivas empleando varios métodos.