artículo de opinión

OPINIÓN: ¿Quién tiene razón? ¿El Tribunal o el Gobierno?

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la conocida ley del velo, que permitiría el levantamiento de la prohibición de llevar el türban en las universidades, y las posteriores declaraciones de miembros del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) han vuelto a resaltar las grandes diferencias existentes entre el poder judicial, en manos de jueces de la “vieja guardia” secular, y el legislativo, y por consiguiente el ejecutivo, en manos del Partido AK con raíces islamistas.

A principios de febrero la Gran Asamblea Nacional turca aprobó con los votos del AKP y del ultranacionalista Partido de Acción Nacionalista (MHP) una enmienda en la constitución que permitiría el uso del türban o pañuelo islámico en las universidades públicas. Decenas de miles de personas se echaron a la calle en Ankara y otras ciudades turcas para protestar por la decisión. Hace un par de días la situación cambió completamente: ahora son otras manifestantes las que protestan contra la decisión del Tribunal Constitucional. Fue este tribunal el que el 5 de junio anuló la reforma aprobada en febrero. El señor Erdoğan y otros dignatarios del AKP declararon en contra de dicha decisión. El primer ministro ha llegado ha decir que el Tribunal Constitucional no tiene la potestad de anular leyes o enmiendas y que esa decisión corresponde al parlamento. Ahora bien, ¿quién tiene razón?

El Adalet ve Kalkınma Partisi fue elegido en las pasadas elecciones del 22 de julio por una gran mayoría de los turcos, logrando el 47% de los votos. Posteriormente el antiguo ministro de Asuntos Exteriores y Primer Ministro Abdullah Gül fue elegido Presidente de la República. El AKP, con una más que amplia mayoría en el la Asamblea y un miembro de su partido en el Palacio de Çankaya, se hacía por lo tanto con casi todos los resortes del poder, salvo con el poder judicial.

Por su parte, la mayoría del sistema judicial de Turquía está en manos de juristas laicos, muchos de los cuales fueron nombrados por el antiguo presidente Ahmet Necdet Sezer cuyo mandato de siete años terminó al ser elegido Gül. Estos jueces tienen como principal objetivo mantener la laicidad del estado y los demás principios kemalistas, los cuales están ya bastante degenerados. Los magistrados, sospechosos de las políticas del gobierno de Recep Tayyip Erdoğan a quien los sectores laicos del país acusan de tener una “agenda islámica oculta”, tienen por costumbre oponerse o poner todas las trabas posibles para complicar el gobierno del AKP. Sin embargo, la enmienda aprobada en febrero por el parlamento y anulada en junio por el Tribunal Constitucional está a la sombra de la posible clausura del AKP, aunque ese es otro tema.

Es cierto que el Partido de la Justicia y el Desarrollo fue elegido democráticamente por la nación turca. Tampoco conviene olvidar que para que dicha enmienda fuese aprobada el AKP necesitó el apoyo del ultranacionalista, panturquista, otomanista y antieuropeo MHP. Es verdad que por lo tanto, hablando de la soberanía nacional, Turquía quiere que dicha enmienda tenga lugar, y por lo tanto el AKP tiene razón en sus declaraciones sobre el Tribunal, pero no es así de simple.

Los jueces que conforman el Tribunal Constitucional no son políticos, no buscan la reelección, no tienen que complacer a sus electores. Actúan por lo tanto de una forma desinteresada, o por lo menos de una forma más desinteresada que los políticos, pensando en lo mejor para su país. Fueron las reformas de Atatürk las que hicieron evolucionar a Turquía de un anticuado y enfermo imperio a una nación que está llamando a las puertas de la Unión Europea. Son las reformas de Atatürk, muchas de ellas tristemente abolidas y degeneradas, las que han hecho de Turquía el país que es ahora. Y los jueces son los que se consideran herederos de Mustafa Kemal y quieren mantener a Turquía laica. Tal vez Turquía no sería menos laica sin la prohibición del velo, o tal vez sí. Sea como fuere, es esto último lo que piensan los nueve jueces del Constitucional que votaron en contra. El miedo al poder que está acumulando el AKP y su hipotética “agenda secreta”, el conflicto existente entre este partido y el sector kemalista, aunque desgraciadamente pocos son los verdaderos kemalistas que quedan en el país, y el deseo de mantener el “status quo” y por lo tanto la laicidad por encima todo han podido hacer que los jueces hayan tomado esta decisión.

Es difícil decir con objetividad quien tiene la razón, si el gobierno o los jueces. Unos pueden que representen a la mayoría de la población pero otros buscan el bien del país por encima del resto. ¿Qué hacer pues? El Tribunal Constitucional ya ha cumplido su función y por lo tanto no tiene nada más que hacer. El gobierno y el AKP deberían por su parte controlar sus declaraciones en contra del Constitucional en particular y del sistema judicial turco en general si no quiere poner en pie de guerra una vez más a los estamentos seculares de la sociedad que podría desembocar en la clausura, que algunos analistas ven como inminente, del AKP. Y como, han de tener cuidado pues el ruido de sables puede llegar a oírse si el Partido AK llega a ignorar la decisión del Tribunal como amenaza.