El Tribunal anula parte del paquete de reformas constitucionales

El Tribunal Constitucional de Turquía anunció su veredicto sobre el paquete de reformas constitucionales aprobado por el parlamento diciendo que anulaba los dos artículos más controvertidos.

El Tribunal Constitucional de Turquía anunció su veredicto sobre el paquete de reformas constitucionales aprobado por el parlamento diciendo que anulaba los dos artículos más controvertidos de la reforma, una decisión que no ha satisfecho ni al gobierno ni a la oposición.
Fue el presidente del tribunal, Haşim Kılıç, quien compareció el miércoles por la noche ante los periodistas en Ankara para anunciar el veredicto. Según anunció Kılıç, los once magistrados del Constitucional rechazaron la petición de la oposición parlamentaria (principalmente del Partido Republicano del Pueblo, CHP) para anular todo el paquete de reformas por completo, pero por contra sí que acordaron anular los artículos de la reforma constitucional más polémicos, en concreto aquellos relativos a la reforma de la estructura y funcionamiento del propio Tribunal Constitucional y del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales (HSYK, en sus siglas en turco), máximo órgano decisorio del poder judicial encargado de designar a jueces y fiscales. Kılıç agregó que el resto del paquete podrá ser sometido a referéndum el próximo 12 de septiembre, tal y como estaba previsto.

El paquete de reformas fue aprobado el pasado mes de mayo en el parlamento turco gracias a la mayoría que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del primer ministro Erdoğan posee en la Asamblea Nacional Turca. La falta de apoyos de la oposición impidió al AKP obtener la mayoría de dos tercios de la cámara necesaria para aprobar las reformas, obligando al partido en el gobierno a someter las reformas a un referéndum popular. Inmediatamente varios diputados de la oposición liderados por el kemalista CHP presentaron apelaron al Tribunal Constitucional pidiendo la anulación de todas las reformas aprobadas, argumentando que atentaban contra el principio de separación de poderes.

Tras conocer el veredicto, miembros del gobierno criticaron la resolución del alto tribunal por considerar que éste había excedido su autoridad, que en principio sólo le permite dictaminar si una reforma aprobada en el parlamento ha cumplido con los procedimientos legales necesarios, y no sobre la naturaleza en sí de la enmienda. Sin embargo, muchos analistas ya habían apuntado a que los once magistrados del tribunal podrían actuar igual que hicieron en su día con la llamada «reforma del velo», cuando el Constitucional también anuló una enmienda constitucional que hubiera permitido a las mujeres que usan el velo islámico entrar en las universidades públicas del país argumentando que la reforma violaba los principios de la actual carta magna.
 
A pesar del revés para el gobierno del AKP, que ve cómo le han sido rechazadas las tres reformas constitucionales que más había impulsado -las dos rechazadas ahora por el Constitucional relativas al poder judicial, más otra relativa a la ilegalización de partidos políticos que fue rechazada por el parlamento-, fuentes del ejecutivo turco comentaron que a pesar de ello las reformas propuestas seguían siendo importantes y serían sometidas a la decisión de los ciudadanos el próximo 12 de septiembre, según lo anunciado.
 
El ministro de Justicia Sadullah Ergin insistió en que el Tribunal Constitucional había superado sus competencias al referirse al contenido en sí de las reformas y no al procedimiento por el que habían sido aprobadas, pero recalcó que el referéndum seguía adelante. «El Tribunal ha cometido un error juzgando la base jurídica de las enmiendas. Esto no es correcto… Pero las enmiendas, incluso con algunas frases eliminadas, constituyen una importante reforma para la Constitución. A partir de ahora, estamos en el proceso del referéndum», comentó el ministro a los periodistas en Ankara, añadiendo que los artículos cambiados por el Constitucional también serían sometidos a votación, aunque con su versión revisada.
 
Desde la oposición parlamentaria del CHP se mostró el desencanto con la decisión del tribunal -que no anuló por completo el paquete de reformas-, asegurando que a partir de ahora comenzarían una campaña para pedir el voto en contra a las reformas en el referéndum constitucional del 12 de septiembre.
 
El gobierno del AKP asegura que los cambios en la Constitución actual, heredada del golpe militar de 1980, mejorarán los estándares democráticos de Turquía y son un paso más para acercar al país a la Unión Europea.
 
Los cambios a la carta magna que serán sometidos a votación en septiembre incluyen límites a la jurisdición de los tribunales militares así como la autorización a los tribunales civiles para juzgar a personal militar en tiempo de paz -actualmente los militares son juzgados por sus propios tribunales-, incluyendo casos como intentos de golpes de Estado o crímenes relacionados con la seguridad nacional o el crímen organizado. Muchos han visto en estas reformas un intento del AKP por acabar con la relativa inmunidad de los militares en casos recientes como «Ergenekon» o «Balyoz», donde altos mandos del ejército aparecen implicados en conspiraciones contra el gobierno y redes criminales pseudo-golpistas.
 
Así mismo, en caso de aprobarse las enmiendas, estas permitirían que los autores del golpe de Estado de 1980 fueran juzgados, una demanda creciente entre la sociedad civil. Otros puntos importantes de las reformas constitucionales dan a los funcionarios públicos el derecho a la negociación colectiva -aunque no el derecho a huelga-, y aumentan los derechos de las mujeres y de los niños.