Najib Mikati anunció el viernes su renuncia tras desacuerdos con el grupo chií Hizbolá, pidiendo un gobierno de coalición nacional que evite un período de incertidumbre en el país.
El primer ministro del Líbano, Najib Mikati, anunció el viernes su renuncia después de una serie de desacuerdos con el grupo chií Hizbolá –uno de los socios clave en la coalición de gobierno- y sus aliados.
“Anuncio la dimisión del gobierno, esperando que esto abrirá el camino para que los principales bloques políticos asuman la responsabilidad y se unan para sacar a Líbano de la incógnita”, dijo Mikati, quien hizo además un llamamiento a la formación de un gobierno de unidad nacional.
Las disensiones en el seno del ejecutivo surgieron a raíz de las discrepancias con Hizbolá sobre la creación de un organismo encargado de supervisar las elecciones legislativas en el país previstas en principio para el próximo mes de junio, y en las que Mikati –un sunní- y el líder de la comunidad drusa, Walid Jumblatt, apoyaban la antigua ley electoral que da a sunníes y drusos una mayor representación en el parlamento.
Otro punto de disensión era el referido a la extensión del mandato del jefe de las Fuerzas de Seguridad Interna del Líbano, el general sunní Ashraf Rifi, a lo cual se oponían Hizbolá y sus aliados cristianos.
Mikati ya estuvo a punto de dimitir en octubre del año pasado y fue convencido en el último momento por el presidente del país, Michel Sleiman, para seguir en el cargo y evitar un «vacío de poder» tras el atentado con coche bomba que dejó varios muertos en pleno centro de la capital.
Desde el fin de la sangrienta guerra civil que arrasó el país y lo dividió en múltiples facciones religiosas entre 1975 y 1990, el país se mueve entre la tensión sectaria y la influencia del conflicto en la vecina Siria, que sigue teniendo una poderosa influencia sobre el Líbano, donde varios grupos apoyan al régimen de Bashar al-Assad.
Semejante multiplicidad de confesiones religiosas y facciones convierte el sistema electoral y de gobierno libanés en un auténtico galimatías. El presidente de la República y jefe del Estado es elegido cada 6 años por el parlamento, pero debe ser un cristiano maronita; éste a su vez elige junto con el parlamento al primer ministro, que debe ser según la constitución un musulmán sunní; por último, el presidente del parlamento debe ser elegido entre los musulmanes chiíes.
Este controvertido sistema ha sido varias veces cuestionado por distintos grupos en el país porque se ampara en una vieja ley electoral basada en un censo de los años 30, cuando los cristianos maronitas constituían la mayoría de la población, mientras que actualmente apenas suman el 20% frente a la población de musulmanes -sunníes y chiíes- que representan casi el 60% de los habitantes del país.
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Pablo Gómez es especialista en Turquía y editor jefe de Hispanatolia desde 2011. Desde 2006 se dedica al análisis de la actualidad y la geopolítica de Turquía y su región.
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