El anuncio fue hecho durante una comparecencia televisada del presidente turco, quien aseguró que no se trataba de una ley marcial y que no se pondrían en peligro los derechos y libertades fundamentales.
El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan anunció el miércoles en una declaración televisada en directo la declaración de tres meses de estado de emergencia en toda Turquía tras el fallido golpe de Estado perpetrado el pasado 15 de julio por un grupo de militares, que ha dejado hasta la fecha 246 muertos y más de 1.500 heridos.
Erdoğan hizo el anuncio junto con los ministros del gobierno tras presidir sendas reuniones del Consejo de Seguridad Nacional (MGK) y del gabinete de gobierno en Ankara que se prolongaron durante unas cinco horas. Explicando que el estado de emergencia se declara en virtud del Artículo 120 de la Constitución, el presidente turco subrayó que el objetivo de esta medida era ayudar a combatir la creciente amenaza terrorista en el país, asegurando que no se pondría en peligro ni el Estado de derecho ni las libertades fundamentales de los ciudadanos.
“El propósito del estado de emergencia es tomar las medidas necesarias de forma rápida y efectiva para eliminar la amenaza a la democracia, el Estado de derecho, y los derechos y libertades de nuestros ciudadanos”. “No hay nada de lo que preocuparse”, dijo Erdoğan, añadiendo que de ninguna forma el ejército se hará con el poder. “Todo lo contrario, la autoridad y el poder de los líderes (civiles) crecerá más en este proceso”.
El presidente turco insistió en que la democracia y el Estado de derecho no se verán comprometidos por el estado de emergencia, recalcando que no se trata de una declaración de la ley marcial. “Nunca hemos hecho concesiones en materia de democracia. Y nunca las haremos”, aseveró insistentemente Erdoğan.
Este anuncio se produce después de que el propio Erdoğan sugiriera recientemente en una entrevista concedida al canal qatarí Al-Jazeera que los responsables de organizar el golpe de Estado podrían seguir aún activos durante un tiempo. “No creo que le hayamos puesto todavía fin”, dijo a la cadena.
Bajo el estado de emergencia, que entrará en vigor una vez sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Presidente de la República y el gobierno pueden aprobar nuevas leyes sin necesidad de que éstas pasen por el parlamento, así como limitar ciertas libertades y derechos si lo consideran necesario para la seguridad.
Según explicó Erdoğan durante su comparecencia televisada, los gobernadores recibirán nuevos poderes bajo el estado de emergencia y podrán dar órdenes directas a las fuerzas armadas. “Europa no tiene derecho a criticar esta decisión”, dijo el presidente ante posibles críticas de la UE, añadiendo que la decisión ha sido tomada para proteger a los ciudadanos.
Con respecto a la decisión tomada por la agencia crediticia internacional S&P de rebajar la nota de Turquía de BB+ a BB con una perspectiva negativa, el presidente turco aseguró que la medida no reflejaba la realidad de la economía turca. “Se trata de una medida política”, subrayó Erdoğan.
Los golpistas pretendían acusar a Erdoğan y al gobierno de colaborar con el PKK
Por otro lado y según las últimas noticias aparecidas el miércoles en la prensa turca citando fuentes de la fiscalía del Estado, un documento elaborado por los golpistas y obtenido por la policía revela que los organizadores del golpe de Estado pretendían juzgar a altos cargos del ejecutivo si el alzamiento militar tenía éxito.
El documento fue descubierto durante un registro llevado a cabo en la oficina del juez Mehmet Sel en Estambul; Sel es uno de los 71 jueces y 39 fiscales del Palacio de Justicia de Asia (Estambul) que fueron suspendidos el sábado por sus posibles vínculos con el golpe y posteriormente detenidos. En él se citaban varios miembros del gobierno, incluyendo al presidente Erdoğan, señalando que éstos serían acusados por haber puesto en marcha el llamado “proceso de solución”, las negociaciones de paz iniciadas en 2013 entre Ankara y el grupo terrorista PKK, que finalmente se colapsaron en julio de 2015 tras la ruptura de la tregua.
Según informaron a la prensa fuentes de la investigación bajo condición de anonimato –por no estar autorizadas a realizar declaraciones públicas- los golpistas querían acusarles de apoyo al terrorismo por los contactos y negociaciones llevados a cabo desde 2009 con representantes del PKK, un tiempo en el que el grupo terrorista aprovechó para acumular armas y explosivos, según especificaba el documento. La orden sin embargo no aparecía firmada y con fecha únicamente de 2016, lo que da a entender que había sido preparada para ser rubricada en cualquier momento una vez el golpe de Estado tuviese éxito.
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Pablo Gómez es especialista en Turquía y editor jefe de Hispanatolia desde 2011. Desde 2006 se dedica al análisis de la actualidad y la geopolítica de Turquía y su región.
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