El presidente egipcio afronta una preocupante crisis política e institucional tras el decreto emitido el pasado jueves que otorgaba inmunidad a todas sus decisiones.
El presidente egipcio Mohamed Morsi trató el lunes de pactar con los jueces para evitar una crisis en el país del Nilo tras su polémico decreto promulgado el pasado jueves, que ha desatado una ola de protestas y una crisis política e institucional que amenazan con sumergir la nación en una revuelta similar a la que desembocó en la caída del depuesto presidente Hosni Mubarak.
Fuentes del ministerio de justicia egipcio indicaron el lunes que Morsi podría haber aceptado una propuesta de la máxima autoridad judicial del país para limitar la extensión del decreto presidencial únicamente a cuestiones «soberanas», y tratar de frenar así las protestas.
Los manifestantes, que han vuelto a ocupar estos días la emblemática Plaza Tahrir, no parecen sin embargo dispuestos a aceptar nada que no sea la revocación total del decreto, que establece que sus decisiones no puedan ser anuladas judicialmente y concede también inmunidad al parlamento y a la comisión encargada de redactar la nueva constitución del país, ambos dominados por los islamistas.
Hasta ahora más de una docena de demandas judiciales han sido presentadas ya contra la orden presidencial dada la semana pasada por Morsi, que el máximo órgano de los jueces de Egipto calificó como un «ataque sin precedentes» contra la independencia del poder judicial y convocando una huelga. Desde entonces se han sucedido los enfrentamientos en las calles, en los que al menos una persona ha muerto y 370 han resultado heridas.
Aunque se supone que los nuevos poderes de Morsi son temporales hasta la redacción de una nueva carta magna y la celebración de nuevas elecciones parlamentarias, sus detractores le acusan de buscar convertirse en un «nuevo faraón» al estilo del depuesto Hosni Mubarak y de querer acaparar incluso más poder que su predecesor, quien fuera presidente de Egipto durante 30 años, hasta su derrocamiento en febrero de 2011.
La decisión del presidente egipcio ha sido recibida con honda preocupación no sólo dentro del propio Egipto sino también desde fuera, incluyendo Naciones Unidas y la Unión Europea, que han pedido que se respete la separación de poderes y la independencia judicial en el proceso de cambios y reformas constitucionales e institucionales que atraviesa el país, así como la celebración de unas elecciones parlamentarias lo antes posible, después de que en junio la Corte Suprema Constitucional dictaminase que las elecciones legislativas celebradas meses atrás habían sido inconstitucionales y ordenase la disolución del actual parlamento.
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Pablo Gómez es especialista en Turquía y editor jefe de Hispanatolia desde 2011. Desde 2006 se dedica al análisis de la actualidad y la geopolítica de Turquía y su región.
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