El partido gobernante AKP ha salido al paso de las críticas publicadas esta semana por el Estado Mayor del ejército turco en su página web oficial, en las que criticaba las detenciones de militares.
El partido gobernante AKP ha salido al paso de las críticas publicadas esta semana por el Estado Mayor del ejército turco en su página web oficial, en las que criticaba las detenciones de militares en relación con el caso «Balyoz» («Mazo», en turco), una supuesta trama golpista investigada por los tribunales en Turquía.
Suat Kılıç, miembro del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), declaró ayer jueves que las declaraciones de la cúpula de las Fuerzas Armadas sobre un proceso judicial en marcha eran un error y suponían una interferencia en el poder judicial. Así mismo el presidente de la Asamblea Nacional Turca (parlamento), Mehmet Ali Şahin, se sumó también el jueves a las críticas contra la cúpula militar y dijo que ese tipo de manifestaciones podían ser interpretadas como un intento del Estado Mayor por intervenir en el juicio que se sigue contra los miembros de la trama «Balyoz».
El caso «Balyoz» consiste en una trama supuestamente elaborada en 2003 por un grupo de militares con el objetivo de llevar a cabo un golpe de estado que derrocase al gobierno del partido AKP. Entre sus planes estaban el derribo de cazas del ejército turco en el Egeo para acusar a Grecia y fomentar un clima pre-bélico en Turquía, o la colocación de varias bombas en distintas mezquitas y centros religiosos del país en las horas de mayor afluencia; todo ello con el objetivo de crear un estado de emergencia en Turquía que permitiese a las Fuerzas Armadas Turcas asumir el control del país y apartar del gobierno al AKP.
En el comunicado publicado el miércoles en su página web oficial, el Estado Mayor declaraba que las Fuerzas Armadas Turcas (TSK, en turco) tenían «dificultades» para entender por qué no se ponía en libertad a los 136 miembros del ejército -algunos retirados y otros en activo- que actualmente permanecen en prisión, pese a las apelaciones presentadas ante el tribunal que juzga el caso. Se refería así a la decisión adoptada el día anterior, martes, por el 11º Alto Tribunal Penal de Estambul, que rechazó la mayor parte de las demandas presentadas por los abogados de los acusados para que fueran puestos en libertad, argumentando que de hacerlo existía el riesgo de que destruyeran pruebas o incluso de que huyeran del país.
También desde las filas del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), llegaron críticas hacia el mensaje publicado por las Fuerzas Armadas y su intento de interferir en la justicia. Habitualmente afín a las tesis del ejército, desde las filas del CHP se criticó sin embargo en esta ocasión lo que fue calificado como «susceptibilidad excesiva» por parte del Estado Mayor con respecto al caso «Balyoz».
Así lo hizo Akif Hamzaçebi, vice presidente del grupo parlamentario del CHP, que respondió el jueves a la prensa turca al respecto del comunicado emitido por el ejército. «La República de Turquía es un país democrático donde existe el imperio de la ley. Ninguna autoridad en Turquía puede intervenir en la democracia, ni puede pensar en tener esta autoridad», dijo Hamzaçebi, que recordó que el proceso judicial contra el caso «Balyoz» está en marcha.
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Pablo Gómez es especialista en Turquía y editor jefe de Hispanatolia desde 2011. Desde 2006 se dedica al análisis de la actualidad y la geopolítica de Turquía y su región.
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