El AKP está convencido de que el caso judicial es un juego político de los «laicistas» que puede también terminar por la ilegalización del partido y la inhabilitación de Recep Tayyip Erdoğan y los dirigentes destacados del movimiento islámico moderado. La verdad es que la constitución de 1982, fruto del golpe de Estado del 12 septiembre de 1980, no cumple totalmente con los criterios democráticos, tanto del Consejo de Europa como de la Unión Europea, a pesar de las numerosas y importantes enmiendas realizadas en los últimos años. De hecho, la constitución en vigor no garantice aún el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de organización. Aunque sea lógico reformar una vez por todas, con la adopción por ejemplo de una nueva constitución democrática, como fue en España durante la transición democrática, la sociedad turca, manipulada por los hechos del momento, no consigue ver la selva perdiendo tiempo con los árboles.
El AKP había prometido en su última campaña electoral la puesta en marcha de un proceso democrático para la preparación de una nueva constitución civil. El proceso a penas empezado está suspendido a causa de la intervención militar contra la banda terrorista en el norte de Irak. Esta medida militar debería completarse por otras medidas (política, económica , cultural etc…) para resolver la cuestión Kurda de un lado y la elaboración de una política de reinserción social para lograr la paz del otro. Pero el AKP suspendió otra vez el proceso constitucional y tomó la mano tendida por los nacionalistas del MHP para el levantamiento de la prohibición de llevar el velo en las universidades. Todos los partidos, salvo el CHP y DSP, votaron una enmienda constitucional con una mayoría aplastante, para llevar a cabo la libertad del velo en las universidades. Pero no es todavía cierto que el Tribunal Constitucional avala esta enmienda constitucional.
El AKP está buscando ahora la posibilidad de limitar la ilegalización de los partidos politicos para salvar su propia legalidad a través de una nueva enmienda constitucional, según la prensa. El periódico Radikal informa que los juristas del partido gobernante trabajan actualmente sobre diferentes modelos para imposibilitar su propia ilegalización. Uno de los mejores modelos es el veniciano que prevé la ilegalización sólo a condición de que el partido use la violencia ó bien el racismo . Por supuesto es un principio democrático asegurar la plena libertad de los partidos políticos que no tienen vínculos con el racismo y la violencia. Hay otros modelos, según el periódico, como por ejemplo el modelo belga . En Belgica, la autorización previa del parlamento es necesaria para que el Tribunal pueda empezar la instrucción de un partido político. En Japon, la sentencia del Tribunal constitucional no basta para la ilegalización de un partido politico, también es neceseria la aprobación del Parlamento.
El CHP y el DSP, como algunos juristas, rechazan el cambio de las reglas del juego, una vez empezó el juego. La verdad es que se trata de un cambio democrático y la democracia debe prevalecer siempre en las reglas del juego. Lo importante es jugar democráticamente en las democracias. No vale jugar para nada. En cuanto al CHP de Baykal, es difícil considerar como un partido democrático pues no respalda nada democrático: no a una nueva constitución democrática, no a la libertad de expresión y de organización , pero sí a la ilegalización de los partidos políticos , sí a la intervención militar en el norte de Irak. Parece una broma para un partido político con una etiqueta social-democrata.
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