El Senado de Francia rechazó por amplia mayoría una propuesta para castigar con multas y penas de prisión a cualquiera que negase que el Imperio Otomano cometió un genocidio contra los armenios.
El Senado de Francia rechazó el miércoles por amplia mayoría una propuesta para castigar con multas y penas de prisión a cualquiera que negase que el Imperio Otomano cometió a principios del siglo XX un genocidio contra los armenios, un tema que ha sido objeto de controversia y múltiples fricciones en las relaciones entre París y Ankara.
El Senado francés rechazó el miércoles por 196 votos a favor y 74 en contra la polémica propuesta de ley para perseguir penalmente la negación del llamado «genocidio armenio», que había regresado a la agenda política francesa el mes pasado coincidiendo con la conmemoración el 24 de abril del Día en Memoria del Genocidio Armenio.
La proposición, que hace poco también había sido rechazada por inconstitucional por parte de la comisión constitucional del Senado, preveía penas de prisión de 5 años y multas de hasta 45.000 euros en caso de que cualquier persona que se hallara en territorio francés negara la existencia de un genocidio cometido contra los armenios por parte del antiguo Imperio Otomano; una postura que defienden varios historiadores y el propio gobierno turco, que admite que hubo víctimas (aunque no en las elevadas cifras defendidas por Armenia) pero que estas no fueron producto de un plan de exterminio según la denominación de genocidio, y subraya que se olvida que en la misma época el número de fallecidos y desplazados de origen turco fue igual o mayor.
El parlamento francés reconoció en 2001 oficialmente la existencia del genocidio armenio, lo que condujo a un serio deterioro de las relaciones entre Francia y Turquía. La Asamblea Nacional Francesa había aprobado en 2006 una propuesta a favor de perseguir judicialmente a cualquiera que negase la existencia de tal genocidio y que se hallara en suelo francés; sin embargo, la ley debía contar también con el visto bueno del Senado para entrar finalmente en vigor, lo que finalmente no ha sucedido.
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Pablo Gómez es especialista en Turquía y editor jefe de Hispanatolia desde 2011. Desde 2006 se dedica al análisis de la actualidad y la geopolítica de Turquía y su región.
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