El gobierno anuncia un plan histórico de amnistía fiscal

El ministro de Economía Ali Babacan presentó esta semana un plan de «amnistía fiscal» en el marco de una reestructuración total de las finanzas públicas.

El ministro de Economía Ali Babacan presentó esta semana un plan de «amnistía fiscal» en el marco de una reestructuración total de las finanzas públicas que es considerada como una de las más ambiciosas en la historia de la República de Turquía.

Los detalles del paquete de medidas y reformas en las finanzas del Estado, que incluye hasta 300 puntos, fueron anunciados el lunes en rueda de prensa por el ministro de Trabajo Ömer Dinçer y el vice primer ministro y responsable de la cartera de Finanzas, Ali Babacan. El plan no supone una eliminación de los impuestos y deudas pendientes con el Estado, pero sin embargo elimina los intereses por los retrasos en los pagos y permite que éstos puedan hacerse hasta en 36 plazos. Además posibilitará el pago de impuestos con tarjetas de crédito.

Con estas y otras medidas, el gobierno turco prevé recaudar miles de millones de liras. Pero el plan es mucho más ambicioso y va más allá de la simple recaudación, como quiso dejar claro el ministro Babacan, y pretende iniciar una nueva era en lo que a pago de impuestos y recaudación fiscal se refiere en un país donde la economía sumergida y el impago de impuestos han sido tradicionalmente altos. Así, Babacan anunció que las nuevas reformas en el fisco traerían un incremento considerable de las inspecciones, especialmente a empresas, para lo que el Ministerio de Finanzas contratará a 1.500 nuevos inspectores.

El paquete de nuevas medidas, que serán debatidas en el parlamento turco tras la aprobación del presupuesto para 2011, no incluye sólo a particulares y empresas sino que afecta también a la deuda de instituciones públicas, como la Seguridad Social o la Radio Televisión Pública turca (TRT). Sólo en la capital, Ankara, existen al menos un millón de personas y sociedades que deben un total de 6.500 millones de liras (unos 3.300 millones de euros) al Estado en concepto de impuestos pendientes de pago.