Entre los arrestados estarían el antiguo jefe de la lucha anti-terrorista en Estambul, todos ellos acusados de espionaje y de grabaciones ilegales como parte de una supuesta trama liderada por el líder religioso Fethullah Gülen.
Un tribunal de Estambul ordenaba en la medianoche del martes el ingreso en prisión de un total de 11 oficiales de policía, acusados de espionaje y grabaciones ilegales, en el marco de la investigación abierta contra una supuesta trama organizada por el líder religioso Fethullah Gülen para infiltrar a sus miembros en la administración y derrocar al gobierno del AKP.
Entre ellos se encontraría Yurt Atayün, ex jefe del departamento de lucha anti-terrorista de Estambul, así como el antiguo subdirector del mismo departamento, Serdar Bayrakyutan. El tribunal ordenó además la libertad condicional para otros ocho sospechosos a los que además se les ha prohibido abandonar el país, así como la liberación sin cargos de otros 30 detenidos.
Los arrestados forman parte de los más de 100 agentes y ex jefes de policía detenidos en una macro-operación iniciada hace una semana, 92 de los cuales fueron enviados al palacio de justicia de Çağlayan (Estambul) para ser interrogados por la fiscalía, tras lo que 66 de ellos habían sido remitidos para comparecer ante el juez y determinar su arresto o su puesta en libertad.
El ejecutivo presidido por el primer ministro turco Recep Tayyip Erdoğan acusa al movimiento religioso dirigido por Gülen –que vive autoexiliado en Pensilvania y cuya organización posee varias empresas, medios de comunicación y fundaciones por todo el mundo- de haber orquestado las investigaciones por corrupción contra el gobierno iniciadas el pasado 17 de diciembre y que implicaron a varios empresarios y miembros del partido AKP, incluyendo cuatro ministros que se vieron obligados a dimitir.
Todo ello respondería, según el gobierno turco, a un plan dirigido por Gülen cuyo fin último sería el de derrocar al gobierno electo del AKP, después de que un mes antes Erdoğan anunciara su intención de cerrar las escuelas privadas conocidas como “dershane”, y que durante décadas han constituido una de las principales fuentes de financiación y de reclutamiento de nuevos miembros por parte de la “Cemaat” (“Comunidad”), como se conoce popularmente al movimiento dirigido por Gülen. El propio Erdoğan ha prometido acabar con lo que califica como un “Estado paralelo” especialmente infiltrado en el poder judicial y la policía.
Los detractores del primer ministro y la oposición turca consideran por el contrario que la intención del candidato del partido gobernante a la presidencia de la República –en las elecciones del próximo 10 de agosto- es acabar con quienes le implicaron directa o indirectamente a él y a varios miembros de su partido en la supuesta trama de corrupción destapada el pasado diciembre.
Como parte de esta particular “guerra” abierta en Turquía entre partidarios y detractores de Erdoğan –incluyendo entre estos últimos a los seguidores de Gülen- a finales de febrero varios diarios revelaban que unas 7.000 personas -incluyendo Erdoğan y su familia pero también periodistas, empresarios y académicos- fueron sometidas a escuchas telefónicas y grabaciones ilegales desde 2011 por miembros de la fiscalía y la policía supuestamente vinculados a la “Cemaat”.
Ese mismo día y sólo unas horas después, salía a la luz en Youtube una supuesta conversación telefónica entre Erdoğan y su hijo Bilal en la que ambos hablaban de blanquear dinero negro; la grabación, que fue utilizada por la oposición turca para sostener las acusaciones de corrupción contra el actual primer ministro turco, fue sin embargo un montaje realizado con un simple software, según un informe científico emitido a principios de junio por el Consejo Científico y Tecnológico de Turquía (TÜBİTAK).
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Pablo Gómez es especialista en Turquía y editor jefe de Hispanatolia desde 2011. Desde 2006 se dedica al análisis de la actualidad y la geopolítica de Turquía y su región.
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