La reciente aprobación por parte del senado francés de una ley que conlleva penas de cárcel y multas a aquellos que nieguen la existencia del llamado genocidio armenio pone de relieve una vez más la espiral legisladora en la que entran muchos gobiernos en su afán de regular los comportamientos de sus ciudadanos.
Francia, la cuna de una revolución que comenzó a sentar las bases del fin del absolutismo en la Europa continental, la nación cuyo lema es “libertad, igualdad, fraternidad” y que presume allá por donde va de respetar los derechos humanos propios y ajenos, tendrá en su arsenal legal una nueva normativa que atenta contra la libertad individual de las personas. A falta de que sea firmada por el presidente galo Nicolas Sarkozy, la nueva ley penaliza con hasta un año de cárcel y multas que podrían alcanzar los 45.000 euros a aquellas personas que cuestione la existencia de un genocidio cometido durante la Primera Guerra Mundial por los otomanos contra las armenios. No entraré en el presente artículo a analizar dicho dramático acontecimiento por la dificultad que ello entraña y lo espinoso del tema.
Las leyes que establecen por decreto una versión de la historia, sea errónea o acertada, no son de recibo en un estado democrático, aunque hagan referencia a aberraciones como el holocausto judío, cuya negación es ilegal en varios países europeos, incluyendo Francia. La iniciativa del gobierno francés atenta contra la libertad de expresión y evita que puedan llevarse a cabo investigaciones imparciales sobre el tema, ya que si se minimizan las consecuencias del “genocidio armenio,” el investigador en cuestión podría hacer frente hasta a un año de cárcel, por no mencionar la penalización económica.
El gobierno francés no es el único que atenta contra los derechos y libertades con dichas leyes pero ha sido el último en salir en los medios por ello. Parece ser que los políticos, sea por los motivos que sea (electorales, pseudomorales, religiosos), tienen la manía de legislar e intentar decidir sobre lo que está bien y mal, como si el voto les hubiese otorgado la posesión de la Verdad. El deseo de imponer al prójimo una forma de comportarse, de actuar, de pensar, está presente en todos los gobiernos, independientemente de su color político y su nacionalidad. Desgraciadamente, parece primar el interés sobre la libertad individual que poco a poco está siendo erosionada por el afán de legislarlo todo.
No merece la pena dar mayor importancia a una ley sobre unos acontecimientos que tuvieron lugar hace casi un siglo y que están ahí para ser investigados por los historiadores. Lo reseñable es el espíritu de dicha legislación, la cual se empeña en decidir que es lo correcto, y penaliza a aquellos que no estén de acuerdo, que atisben dudas sobre la versión oficial dada por el gobierno. La intención de este tipo de leyes tiene un peligroso parecido al adoctrinamiento de los estados autoritarios, en los que sólo existe una verdad, la oficial, sobre el resto y en los que es dañino y peligroso pensar de otra manera que contradiga lo dicho por el estado.
Francia no es el blanco de este artículo. No hay que olvidar la presencia de leyes de características similares en, por ejemplo, el código penal turco, aparte de la ya mencionada sobre el holocausto en los códigos penales de media Europa. En el caso turco me estoy refiriendo al notorio artículo 301 que aunque fue reformado y descafeinado en el 2008, aún pervive como recordatorio del nacionalismo del siglo pasado y todavía pende como una espada de Damocles sobre aquellos que osen insultar a la “nación turca.”
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