El Tribunal Constitucional de Italia anuló por inconstitucional y contra todo pronóstico una ley promulgada por Silvio Berlusconi que le garantizaba inmunidad a él y a los principales cargos.
El Tribunal Constitucional de Italia anuló por inconstitucional y contra todo pronóstico una ley promulgada por Silvio Berlusconi que le garantizaba inmunidad a él y a los principales cargos del Estado ante los tribunales, lo que permitirá abrir de nuevo varias causas judiciales pendientes contra el primer ministro italiano.
Berlusconi, tras conocer la noticia, achacó la decisión a motivos políticos y volvió a arremeter contra los jueces diciendo que los juicios pendientes contra él eran «una farsa». «¡Viva Italia, viva Berlusconi!», soltó el primer ministro italiano, conocido por sus múltiples extravagancias y escándalos de todo tipo, al tiempo que acusaba a los medios de comunicación y los jueces de orquestrar una campaña en su contra. En el foco de sus iras, Berlusconi incluyó al Presidente de la República, Girgio Napolitano, a quien acusó de izquierdista y de formar parte de la campaña para desacreditarle.
Esta misma semana Berlusconi prometía agotar su legislatura, que termina en 2013, pero tanto la oposición como sus aliados de derecha apuestan cada vez más por unos comicios anticipados que saquen a Italia del marasmo político precisamente en un momento en que el país necesita reformas urgentes que le ayuden a despegar de la mayor crisis económica desde la II Guerra Mundial.
El Tribunal Constitucional rechazó la llamada «ley de inmunidad» o «Ley Alfano» al considerar que violaba el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; además, aunque afectaba a la Constitución Italiana fue aprobada como una ley normal y sin ser sometida a referéndum, tal y como exige una reforma de tal naturaleza. La inmunidad abarcaba también al presidente de la república y a los dos presidentes del parlamento; sin embargo, todo el mundo entendió que cuando Berlusconi decidió impulsarla nada más llegar al poder lo hacía para cubrirse las espaldas, ya que en realidad es el único de esos cuatro cargos del Estado que tiene causas judiciales pendientes, incluyendo cargos por sobornos, fraude fiscal y falsificación de las cuentas de sus empresas.
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Pablo Gómez es especialista en Turquía y editor jefe de Hispanatolia desde 2011. Desde 2006 se dedica al análisis de la actualidad y la geopolítica de Turquía y su región.
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