El gobierno turco prepara una hoja de ruta para el desarme del PKK

Según la prensa turca, el ejecutivo de Ankara estaría preparando nuevos pasos para el retorno de los militantes del grupo armado a Turquía en un plazo máximo de tres años, seguido de un desarme de la organización.

Después de presentar recientemente en el parlamento una serie de medidas para ofrecer un respaldo legal a las negociaciones con el grupo terrorista Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y para facilitar la reinserción de sus militantes en la sociedad, el gobierno turco habría definido una nueva “hoja de ruta” que incluiría, entre otros pasos, el retorno a Turquía de los miembros del PKK en un plazo de entre uno y tres años.

Así lo informaba el lunes el diario turco Sabah, próximo al gobierno, explicando que un total de ocho campamentos así como los cuarteles generales que el PKK tiene en los montes Kandil situados en el norte de Irak –en la frontera con Turquía- serán clausurados progresivamente en ese período, tras lo cual seguiría el desarme de la organización. Kandil es la principal base de operaciones del PKK y se estima que alberga a unos 5.000 militantes armados del grupo.

Una vez el borrador de ley sobre el proceso de negociaciones con el PKK sea aprobado esta semana–previsiblemente gracias a la mayoría del partido AKP en la Asamblea Nacional Turca- los planes del ejecutivo pasan por poner en práctica esa “hoja de ruta” a principios del próximo año, según indica Sabah, e incluiría medidas para el retorno a Turquía en el plazo de un año de aquellos militantes del PKK –tanto en Kandil como en Europa- que no hayan estado implicados en ataques armados.

Para aquellos miembros del grupo armado que hayan emigrado a países europeos –especialmente Alemania, Francia y Suecia- o que se hayan asentado en el Kurdistán iraquí, el plazo de regreso a Turquía sería de dos años, mientras que quienes tengan a sus espaldas una orden búsqueda de la Interpol con aviso rojo, el plazo para su retorno será de tres años. Habrá medidas de reinserción especiales para los líderes del PKK, que podrían pasar por asignarles cargos en la administración del gobierno autónomo kurdo del norte de Irak dados los problemas que presentaría su incorporación a la vida civil en Turquía.

El PKK reiniciará su retirada en el otoño

La prensa turca señalaba hace unos días que el PKK podría retomar su retirada de territorio turco a partir de septiembre, después de haberla suspendido a finales de 2013 tras una serie de desacuerdos y reticencias entre Ankara y el grupo armado. En el marco de una nueva fase de entendimiento, los militantes de la organización terrorista comenzarían a abandonar Turquía una vez que las reformas legislativas sobre el proceso de paz anunciadas por el gobierno entren en vigor, con un calendario que daría un plazo máximo de 18 meses para completar el proceso.

Recientemente el ministro del interior de Turquía, Efkan Âlâ, daba a entender que ambas partes estaban más dispuestas que nunca a poner fin al conflicto al señalar que el PKK «está también deseando encontrar una solución democrática, en lugar de a través de las armas, una vez que se pongan soluciones sobre la mesa». 

La UE, satisfecha por las negociaciones con el PKK

La Unión Europea felicitaba la semana pasada por boca de la responsable de exteriores Catherine Ashton y el comisario de ampliación Stefan Füle el proyecto de ley presentado la pasada semana ante el parlamento por el gobierno, calificada por el propio líder del PKK, Abdullah Öcalan, como algo “histórico” al ser la primera vez que Ankara anuncia oficialmente su deseo de poner fin al conflicto y facilitar la reintegración de los militantes del PKK a la sociedad.

“Esta nueva ley debería proporcionar una base legal más fuerte para las negociaciones (de paz), y puede hacer una contribución positiva a la estabilidad y los derechos humanos en Turquía. La UE apoya estos esfuerzos hacia una paz sostenible”, declaraban Ashton y Füle en un comunicado conjunto.

La propuesta, que a priori cuenta con los votos en contra de los dos principales partidos de la oposición –el kemalista CHP y el nacionalista MHP- incluye además la designación de un grupo de expertos encargado de mantener contactos con representantes kurdos tanto dentro como fuera de Turquía. La nueva ley estable una protección legal para cualquiera implicado en las negociaciones -lo que ha sido visto con recelos por los partidos opositores- y hace al gobierno turco responsable de rehabilitar y reinsertar a los militantes del grupo que depongan las armas, lo que ha llevado a algunos analistas a compararlo con el Pacto de Ajuria Enea suscrito en España a finales de los 80 para facilitar la erradicación del terrorismo de ETA.