Dos años después de la tragedia, las familias de las víctimas ven cómo se desvanecen las últimas esperanzas de juzgar a quienes ordenaron el ataque que causó la muerte a 34 lugareños kurdos.
La Oficina del Fiscal Militar del Estado Mayor Turco ha rechazado abrir una investigación sobre la llamada Masacre de Uludere -o Masacre de Roboski, en alusión al nombre kurdo (Robozik) de uno de los pueblos cercanos a la tragedia- abriendo la puerta a una más que posible exculpación del ejército turco por el suceso.
Así lo anunciaba Ferhat Encü, que perdió a once familiares -dos de ellos sus hermanos- en la tragedia, en un mensaje publicado el martes a través de la red social Twitter, según informaba el mismo día el diario turco Hürriyet. «La investigación sobre Uludere está terminada. Se ha ordenado rechazar los cargos. Se ha dicho que las Fuerzas Armadas Turcas no tuvieron la culpa», explicaba Encü.
Ocurrida en la madrugada del 28 de diciembre de 2011 en el distrito de Uludere de la provincia fronteriza de Şırnak, 34 lugareños kurdos que realizaban contrabando de bienes a través de la frontera entre el norte de Irak y Turquía murieron cuando un grupo de ellos fueron atacados por cazas F-16 del ejército turco, al ser confundidos con militantes del PKK que intentaban infiltrarse en territorio turco desde sus campamentos en las montañas de la región fronteriza del norte de Irak.
En declaraciones realizadas a Hürriyet, el diputado por el Partido Republicano del Pueblo (CHP) -principal partido de la oposición en Turquía- Sezgin Tanrıkulu confirmaba el martes el dictamen de la fiscalía militar. «He hablado con Ferhat Encü… La decisión será probablemente anunciada muy pronto», dijo Tanrıkulu, conocido por su defensa activa de los derechos de la minoría kurda.
El gobierno turco ha sido muy criticado por su actuación respecto al incidente, y pese a las promesas del primer ministro Recep Tayyip Erdoğan al respecto muchas voces le han acusado de tratar de echar tierra sobre el asunto. A ello hay que sumar el visto bueno que el ejecutivo del partido AKP dio a un informe de una comisión parlamentaria emitido en marzo de 2013 que, tras 15 meses de pesquisas, concluía que no se habían encontrado pruebas de que el ataque hubiese sido intencionado -como claman muchas familias de las víctimas- y eximía al ejército turco de cualquier responsabilidad, achacando lo ocurrido a una «mala coordinación» entre la inteligencia militar y los mandos.
El pasado mes de junio, un tribunal civil de Diyarbakır que investigaba también el incidente lanzaba el último jarro de agua fría sobre las esperanzas de los familiares, al anunciar que se consideraba sin jurisdicción para continuar con el caso y trasladando la cuestión a la fiscalía militar.
En julio el propio primer ministro Erdoğan se reunía con las familias de las víctimas durante una cena de ruptura del ayuno del Ramadán (iftar), donde les aseguró que no tuvo conocimiento del ataque hasta que se hubo producido y que él no dio la orden de llevarlo a cabo, tal y como han sugerido desde el partido nacionalista kurdo BDP.
Para Tanrıkulu sin embargo sentencias como la del Tribunal de Estrasburgo, que consideran la operación contraria incluso a las leyes de la guerra, podrían sin embargo llevar a que Erdoğan fuese juzgado por crímenes de guerra ante una corte internacional. «Lo que aseguro es que el primer ministro Erdoğan será, más tarde o más temprano, juzgado ante la Corte Penal Internacional (de la Haya) por este incidente, como alguien que ha cometido crímenes contra la Humanidad», afirmaba el diputado del CHP.
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Pablo Gómez es especialista en Turquía y editor jefe de Hispanatolia desde 2011. Desde 2006 se dedica al análisis de la actualidad y la geopolítica de Turquía y su región.
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