LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS CONSTATA UN AUMENTO DE LOS CASOS DE VIOLENCIA POLICIAL, AUNQUE RECONOCE LOS ESFUERZOS DEL GOBIERNO TURCO
La organización internacional de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) publicó ayer viernes un informe en el que denuncia la existencia de una \»ola creciente de violencia policial contra la población en Turquía\», de la cual responsabilizó al gobierno turco por sus deficiencias a la hora de llevar ante la justicia a los responsables de este tipo de acciones.
El documento de 80 páginas, titulado \»Cerrando filas contra la responsabilidad. Las barreras para hacer frente a la violencia policial en Turquía\», documenta 28 casos de abusos policiales contra la población desde principios de 2007, y analiza las investigaciones llevadas a cabo por la policía en esos casos. El informe recoge abusos entre los cuales se incluyen disparos de la Policía de resultado mortal y no mortal; malos tratos y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, y malos tratos durante controles de identidad. Además muchas personas que presentan quejas contra la Policía acaban siendo llevadas a juicio por \»resistencia\» a la autoridad, según denuncia HRW.
\»Turquía tiene que hacer frente a su violencia y promover una cultura de vigilancia positiva\», declaró el director ejecutivo de la organización, Kenneth Roth. \»Eso sólo puede pasar si el sistema judicial pide cuentas a la policía por estos delitos graves\».
Además desde el pasado mes de junio, cuando concluyeron las investigaciones incluidas en el informe que se acaba de publicar, se han producido una serie de disparos por parte de agentes de la Policía en ciudades como Ankara, Estambul, Adana, Bursa y Antalya, de los cuales siete tuvieron un resultado fatal, según HRW.
Para esta organización el problema de la violencia policial se agrava por la incapacidad para investigar adecuadamente las quejas presentadas, y así el informe documenta un patrón de interferencias de la propia policía en las investigaciones, incluidos intentos para ocultar, contaminar o fabricar pruebas. HRW destaca además en su informe que las investigaciones duran meses o incluso años, y que a menudo no dan resultados, y que los juicios se prolongan también durante años y el número de condenas es extremadamente bajo, además de que las sentencias raramente implican penas de prisión.
\»Las víctimas de la violencia policial que hemos entrevistado suelen decirnos que la policía se cree intocable\», dijo Roth. \»Eso sólo cambiará si los agentes de policía que violan la ley son castigados\», declaró el director ejecutivo de HRW.
HRW reconoce no obstante que Turquía ha llevado a cabo en los últimos cinco años importantes reformas legislativas en línea con sus intentos por entrar a formar parte de la Unión Europea, así como en la regulación de las detenciones, ofreciendo más garantías a los detenidos. Estas reformas han supuesto una reducción de los abusos bajo custodia policial contra los detenidos según las leyes antiterroristas, pero han tenido por contra escaso impacto en otras áreas; de hecho HRW subraya que desde principios de 2007 los casos de abuso policial han aumentado en comparación con años anteriores, especialmente fuera de los lugares de detención.
El informe hecho público ayer por HRW contiene también recomendaciones para el gobierno turco, tales como el establecimiento de una autoridad independiente para investigar las denuncias contra la policía, que lleve que permita el enjuiciamiento de los infractores; exigir que se informe de las ocasiones en las que los agentes utilizan su poder de detener y cachear a alguien, precisando el motivo de la parada e informando al afectado; o aclarar en la legislación que la fuerza debe ser el último recurso y sólo debe ser utilizada para proteger la vida y evitar los retrasos en los procesos judiciales.
El gobierno turco alega por su parte que el número de casos de tortura ha caído considerablemente en los últimos años gracias a sus esfuerzos. No obstante la muerte hace algo más de dos meses de Engin Çeber, un detenido que murió a consecuencia de los golpes propinados por varios policías y funcionarios de prisión, volvió a sacar a la luz pública la persistencia de ciertas prácticas por parte de algunos funcionarios de seguridad turcos. El caso, que originó condenas unánimes de partidos, organizaciones y grupos de derechos humanos, llevó a la suspensión de 19 guardias de prisión y a que el ministro de justicia turco pidiera disculpas públicas en nombre del gobierno y el Estado a la familia del fallecido, en lo que constituyó la primera declaración de este tipo hecha por un gobierno turco.
Otro hecho más reciente ha vuelto a poner de manifiesto también la impunidad y el miedo que inspira la policía en muchos ciudadanos turcos, cuando un grupo de secuestradores irrumpieron en un restaurante y se llevaron a rastras a una mujer. Los secuestradores, que ya están detenidos, ni siquiera se identificaron ni le explicaron a la mujer por qué se la llevaban, pero el resto de personas que estaba en el restaurante no intervino por considerar \»normal\» la actuación de los supuestos agentes. Las autoridades turcas han pedido a los ciudadanos que exijan siempre su identificación y las razones de la detención a los agentes, mientras la prensa turca ha destacado el hecho de que los ciudadanos desconocen por completo cuáles son sus derechos ante la policía.
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Editado y revisado por:

Pablo Gómez es especialista en Turquía y editor jefe de Hispanatolia desde 2011. Desde 2006 se dedica al análisis de la actualidad y la geopolítica de Turquía y su región.
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