El alto tribunal desestimó la solicitud presentada por el Partido Republicano del Pueblo (CHP) contra la reforma del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales (HSYK) argumentando que aún no ha sido ratificada por el presidente turco
El Tribunal Constitucional de Turquía ha rechazo la demanda presentada por el principal partido de la oposición en Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), solicitando la anulación del borrador de ley aprobado el pasado sábado en el parlamento turco y que reestructurará el funcionamiento del máximo órgano de control de la judicatura turca, el Consejo Supremo de Jueces y Fiscales (HSYK), que pasará a estar controlado por el ministerio de justicia.
La demanda, que había sido presentada el miércoles de esta misma semana por el CHP, fue desestimada por el alto tribunal argumentando que la ley aún estaba pendiente de ser ratificada por el Presidente de la República, Abdullah Gül, que pese a tener capacidad de veto es muy probable que acabe firmando la nueva legislación, para lo cual dispone según la Constitución de 15 días. Una vez rubricada, será devuelta al gobierno para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado.
El CHP afirma que el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) se servirá de los cambios aprobados en el tenso debate de la semana pasada para designar a nuevo personal y cargos en el HSKY sin posibilidad de que estos apelen ante los tribunales los despidos, asegurando que el principal órgano de control de los jueces y fiscales de Turquía quedará sometido al poder ejecutivo. Según el principal partido de la oposición 40 de los 46 artículos de la nueva legislación violan la Constitución de Turquía.
Las modificaciones en el HSYK han despertado preocupaciones dentro y fuera de Turquía. Precisamente la organización Human Rights Watch (HRW) ha pedido al presidente turco que utilice su derecho a veto contra una ley que, a juicio de esta organización, «significa sólo una cosa y es un mayor control del gobierno sobre el poder judicial. Por el bien del imperio de la ley en Turquía, el Presidente Gül debería vetar la nueva ley», según explicó la principal investigadora para Turquía de HRW, Emma Sinclair-Webb.
La decisión del Constitucional Turco se da a conocer el mismo día en que la Asamblea Nacional Turca (parlamento) aprobaba otro paquete de reformas impulsadas por el AKP que entre otras medidas supondrán la desaparición definitiva de los tribunales con autorización especial (ÖYM), así como la limitación a un máximo de cinco años de la prisión preventiva. Los ÖYM fueron utilizados durante años tras el golpe de Estado de 1980; abolidos por el parlamento turco en 2012, fueron entonces autorizados a finalizar los juicios pendientes contra supuestas tramas golpistas como Ergenekon, Balyoz, Oda TV o Poyrazköy.
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Pablo Gómez es especialista en Turquía y editor jefe de Hispanatolia desde 2011. Desde 2006 se dedica al análisis de la actualidad y la geopolítica de Turquía y su región.
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