El Parlamento Europeo (PE) pidió hoy al Gobierno turco que haga valer su mayoría parlamentaria para acelerar las medidas aperturistas y democráticas tras el parón que ha sufrido su agenda de reformas en 2007.
En su informe sobre los progresos de Turquía en sus negociaciones de adhesión a la UE, los eurodiputados expresaron también su preocupación por las consecuencias de la posible ilegalización del gubernamental Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP).
El texto pide al Tribunal Constitucional y al Parlamento turco que asuman «las directrices de la Comisión de Venecia (del Consejo de Europa)» que establecen que sólo pueden disolverse partidos que aboguen por el uso de la violencia o la utilicen como medio político para socavar el orden democrático.
El informe parlamentario reclama al primer ministro turco, Recep Tayip Erdogan, que aproveche su mayoría parlamentaria para honrar su compromiso de hacer de 2008 «el año de las reformas».
«Si se producen nuevos retrasos, resultará afectado gravemente el ritmo de las negociaciones», advierte el texto, redactado por la conservadora holandesa Ria Oomen-Ruijten y aprobado por 467 votos a favor, 62 en contra y 61 abstenciones.
En el debate previo a la votación, el comisario de Ampliación, Olli Rehn, responsable europeo de las negociaciones de adhesión, alertó de que «Turquía no puede permitirse echar por tierra otro año».
En el haber de Erdogan, el informe sitúa la nueva Ley de fundaciones religiosas y la propuesta de reforma del artículo 301 del Código Penal, el que ha motivado los procesos judiciales contra intelectuales como Premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk.
No obstante, precisa que esta propuesta es «sólo un primer paso» que debe culminar con la modificación efectiva de ésta y otras disposiciones legales.
También reclama nuevos avances en la reforma constitucional general, y, específicamente, en los derechos humanos, la libertad religiosa, la igualdad de género y económica, y el respeto a la minorías, en especial la kurda.
Sobre este punto, la Eurocámara rechaza los procesos judiciales que han sufrido 53 alcaldes y la activista Leyla Zana por haber empleado la lengua kurda o denunciado la persecución de este colectivo.
En paralelo, los eurodiputados condenan los atentados del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), organización incluida en la lista europea de terroristas.
En el plano regional, solicitan al Ejecutivo de Erdogan que no emprenda «operaciones militares desproporcionadas» en Irak, al tiempo que reclama a Bagdad que no permitan la instalación de bases terroristas en su territorio.
Abogan por que Turquía y Chipre «aprovechen la oportunidad» de reabrir sus negociaciones para resolver su conflicto y reclama a Ankara que normalice sus relaciones con Armenia mediante un debate «franco y abierto sobre asuntos pasados».
Sin embargo, el informe de la Eurocámara no incluye en esta ocasión la petición de que Ankara reconozca como «genocidio» la matanza de armenios por el imperio otomano a principios del siglo XX, un asunto que suscita vivas controversias en Turquía.
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