El Partido de la Justicia y el Desarrollo fue fundado en 2001 como una alternativa política con un discurso moderado que representara al votante conservador turco después de que su predecesor, el Refah Partisi o Partido del Bienestar fuera declarado ilegal por atentar contra el espíritu secular de la República de Turquía. Varios miembros de aquel ilegalizado partido, entre los que destacaba el actual Presidente de la República Recep Tayyip Erdoğan, fueron los idearios de la nueva formación que buscaba suavizar la imagen de partido islamista de su predecesor con figuras de partidos de centro y nacionalistas en sus filas. Sus fundadores eligieron el nombre de Partido de la Justicia y el Desarrollo porque sus siglas en turco AKP o AK Parti (Adalet ve Kalkinma Partisi) aludían al partido blanco o limpio, en referencia a la honestidad y postura firme de sus miembros frente la corrupción política de gobiernos pasados.
La grave crisis económica que padeció Turquía el año 2001, unida a la inestabilidad y desconfianza que la coalición tripartita en el gobierno suscitaba entre la población, ayudaron a que el recientemente creado Partido de la Justicia y el Desarrollo obtuviese una sorprendente victoria en las elecciones generales celebradas en 2002, tan solo un año después de la fundación del partido. A pesar de obtener un 34% de los votos, el sistema de adjudicación de escaños en el Parlamento de Ankara, donde tan solo los partidos con una representación superior al 10% a nivel nacional tienen derecho a optar a los mismos, provocó que el partido se hiciera con la mayoría absoluta y los dos tercios de los asientos de la cámara.
Durante su primera legislatura entre los años 2002 y 2007, el AKP se propuso mejorar la maltrecha economía turca y obtuvo resultados macroeconómicos nada desdeñables. Consiguió que la inflación se redujera a valores de un solo dígito cuando en 2001 era superior al 50%. El préstamo de más de 19.000 millones de dólares concedido en 2001 por el Fondo Monetario Internacional a Turquía se amortizó en gran parte, aunque para ello se tuvieron que privatizar un gran número de empresas públicas. El Producto Interior Bruto tuvo un incremento sostenido y sólido en términos reales.
En lo político, al AKP cumplió con su promesa electoral de intensificar las relaciones con la Unión Europea para acelerar el proceso de incorporación a la misma. Para ello se propuso llevar a cabo las exigencias de la UE en relación a la democratización y desarrollo de las libertades civiles. Uno de los principales objetivos fue aplacar la influencia de las fuerzas armadas en la vida política en un país que había sufrido varios golpes militares en su pasado reciente. Las políticas aplicadas durante estos años por Turquía fueron valoradas positivamente en los informes que la UE preparaba cada año para analizar el nivel de progreso democrático en el proceso de integración.
La holgada victoria obtenida por el AKP en las elecciones generales de 2007 con más del 46% de los votos a nivel nacional, lo reafirmaron como poder político dominante en el país y supuso un espaldarazo para su líder Recep Tayyip Erdoğan. La elección de su mano derecha Abdullah Gül como presidente de la República en 2007, evitar la querella del Tribunal Superior de Justicia para la ilegalización del partido por actuar de manera contraria a los valores laicos, o el control cada vez mayor sobre las fuerzas armadas fueron algunos de los hechos que elevaron la autoestima del líder del partido. Unido al reforzamiento interno, la grave crisis económica que azotaría Europa y el descenso del apoyo popular a la adhesión hicieron que el AKP cambiara paulatinamente su rumbo de política exterior tratando de reforzar su posición de país dominante en la región. Turquía optó por una política exterior que se ha venido a llamar como neo-otomanismo y con la que torció su vista hacia Oriente y especialmente a los emiratos árabes ricos en petróleo.
El liderazgo de Recep Tayyip Erdoğan dentro del partido se hizo aún más fuerte después de sus sucesivos éxitos electorales. La arrolladora victoria con casi el 50% de los votos en las elecciones generales de 2011 no hizo más que reafirmar el poder absoluto de su líder dentro del partido. Las escasas voces discordantes fueron acalladas por los triunfos en las urnas y el carácter cada vez más autoritario de su líder.
Sin embargo, la Constitución de Turquía no permite a un primer ministro extender su mandato durante más de diez años con lo que Erdoğan se vio forzado a encontrar una fórmula para prolongar su liderazgo hasta 2023, año en el que se celebrará el centenario de la fundación de la República y que se ha puesto como objetivo para llevar al país al selecto grupo de las diez economías más grandes del mundo. Tras dimitir del puesto de primer ministro, hizo oficial su candidatura de cara a las elecciones para la jefatura del Estado a celebrarse en agosto de 2014. A pesar de que Turquía se rige por un sistema parlamentario donde los poderes del presidente y a la vez jefe del Estado están limitados, Erdoğan dejó claro desde el primer momento su intención de ser un presidente que intervendría en las políticas del ejecutivo además de presidir los consejos de ministros. Su elección en la primera vuelta de las elecciones presidenciales fue otro espaldarazo a sus ambiciosos objetivos y a su ya elevado ego.
Tan seguro estaba Erdoğan de que sería escogido como próximo presidente de la República que ordenó construir un nuevo palacio presidencial antes incluso de que fuera elegido. El conocido como Ak Saray o Palacio Blanco inspiró su nombre en el Ak Parti o Partido Blanco. El Palacio ha sido construido en una zona boscosa de Ankara y su enorme tamaño alberga a cerca de mil habitaciones en su interior. El coste real de esta majestuosa obra se desconoce, al igual que ocurre con el nuevo y fastuoso avión presidencial adquirido por Turquía.
Los aires de grandeza y el carácter autoritario mostrado por el actual presidente no son nuevos. Su intervencionismo en todos los ámbitos del Estado e incluso en la vida privada de las personas ha ido en aumento con el tiempo. Muchos observadores internacionales han denunciado el deterioro de la libertad de expresión en un país donde alrededor de setenta periodistas continúan encarcelados. Con todo ello, ni su carácter autoritario, ni la crisis del Parque de Gezi en 2013, ni el intento de derrocar al régimen por parte del conocido como “estado paralelo” liderado por el clérigo en el exilio Fetullah Gülen han logrado derrocar a un líder que continúa teniendo el apoyo popular de una parte importante del país.
Los partidos opositores liderados por el CHP y el MHP no han sabido ofrecer alternativas realistas a los numerosos problemas a los que se enfrenta Turquía ni movilizar en las urnas a las sensibilidades que demandan un cambio de régimen. Conviene recordar que estos dos partidos realizaron una deficiente gestión que llevó al país a una grave crisis económica cuando gobernaron en coalición antes de la llegada del AKP. Muchos votantes turcos asocian aún a estos partidos con un régimen anticuado, con una actitud inmovilista ante la supremacía del ejército en la vida política o con el problema kurdo, principal conflicto político interno al que se enfrenta el país. El CHP, principal partido de la oposición y defensor de los valores laicos de la República, tiene un apoyo electoral mínimo en las regiones menos desarrolladas de Anatolia y en la zona kurda.
Sin una alternativa que dé respuesta a una compleja y diversa realidad social del país no parece posible que a corto plazo, la deriva autoritaria del Gobierno y la cada vez mayor polarización social puedan cambiar de rumbo.
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