El pasado 30 de julio el Tribunal Constitucional decidió, a falta de un voto, no ilegalizar al gobernante Partido de la Justicia y Desarrollo, o AKP, acusado de actividades que atentaban contra el laicismo de la Republica. Con esta decisión terminó un periodo de incertidumbre que, junto al famoso caso Ergenekon, ocupaba todas las portadas de la prensa turca y sobre el que se escribían abundantes artículos en los medios internacionales.
A un voto estuvo el AKP de ser ilegalizado por el Constitucional. Seis jueces votaron a favor de la ilegalización, siete eran los sufragios necesarios para la clausura del partido, cuatro a favor de sanciones económicas y uno, el presidente del tribunal Haşim Kılıç, en contra de cualquier medida que afectase al AKP. Se decidió entonces que al AKP le fuese retirado la mitad de la subvención estatal. Esta benévola decisión fue sorprendente pues la mayoría de los medios daban por segura la ilegalización del AKP e incluso dentro del mismo partido de Erdoğan se esperaba su clausura. No obstante, el poder judicial ha enseñando al mundo que la democracia en Turquía se está imponiendo, al margen de las distintas ideologías y valores. Pero, ¿Qué hubiese ocurrido de haberse dado otro veredicto?
Lo más esperado por todos era la clausura del Partido de la Justicia y el Desarrollo. Eso hubiese llevado a miembros del AKP a formar otro partido, en el que no podrían estar 71 miembros de AKP incluyendo al primer ministro Recep Tayyip Erdoğan y al presidente Abdullah Gül, pues el Fiscal General Abdurrahman Yalçınkaya aspiraba a que fuesen inhabilitados de la política durante cinco años. Esta decisión hubiese llevado a la celebración de elecciones anticipadas en noviembre como muy pronto. Pero por encima de todo esto, la decisión de ilegalizar al AKP habría supuesto un duro varapalo para la democracia en Turquía, pues en las elecciones del 22 de julio del año pasado, el Partido de la Justicia y el Desarrollo había obtenido el 47% de los votos. Una abrumadora mayoría. La ilegalización de este partido votado por más de 15 millones de electores, además de alejar al país de la Unión Europea, lo habría desestabilizado, polarizándolo aún más y sembrando el desasosiego en los mercados, algo que ya estaba ocurriendo ante las perspectivas de la ilegalización. Por lo tanto, una crisis política, social y económica, o el agravamiento de las tres si es que ya están teniendo lugar, habría ocurrido de haberse ilegalizado el AKP.
¿Y si no le hubiesen hecho nada? El planteamiento de esta situación es totalmente irreal ya que la gran mayoría de los miembros que conforman el poder judicial están en contra del Partido AK y pertenecen al llamado “establishment” laico. Por lo tanto no merece realmente la pena analizar esa hipotética situación. ¿Qué ocurre entonces con el veredicto real?
Conscientes de lo que supondría la ilegalización del Partido de la Justicia y el Desarrollo, los jueces del Constitucional decidieron imponer sanciones políticas al partido. Como declaró Haşim Kılıç, la decisión es una advertencia seria al AKP. Dejando a un lado la importancia que pueda tener el recorte de la subvención estatal al AKP, el mensaje está claro: “a la próxima estáis fuera”. Con la decisión de las sanciones económicas se ha logrado que el AKP no salga indemne y se ha evitado que una crisis a todos los niveles sacuda al país. La virtud ha estado pues en la moderación, buscando el equilibro.
El Adalet ve Kalkınma Partisi ha recibido un ultimátum y ha de actuar. Más que nunca el presidente Gül tiene que dejar el partidismo, hay que recordar que fue miembro del AKP hasta el año pasado, y actuar como el presidente de todos los turcos ayudando al diálogo entre dos rivales acérrimos, el Partido de la Justicia y el Desarrollo y el Partido Republicano del Pueblo, o CHP. Pues estos dos partidos representan a las dos Turquías, a la religiosa y a la piadosa burguesía emergente de Anatolia frente a la población laica que ha detentado el poder durante tantos años. De momento un acercamiento es posible, pero un acuerdo parece más difícil. Aún así, estos dos grandes partidos podrían dar ejemplo al resto de la sociedad que según pasan los días parece estar cada vez más dividida, en gran medida por leyes polémicas como la del velo.
El gobierno de Erdoğan ha de abandonar las leyes, como la llamada ‘ley del velo’, que solamente sirven para dividir al país y enfrentarlo y además no hacen nada beneficioso por él. El AKP tiene que volver a la senda reformadora que nunca debió abandonar y volver a acercar a Turquía a la Unión Europea. Y más importante aún, es hora de que el AKP se vuelva a preocupar de los ciudadanos, mejorando la educación y la sanidad entre otros aspectos. El poder se les subió a la cabeza tras la abrumadora victoria del año pasado y pensaron que al tener una mayoría tan amplia en la Gran Asamblea Nacional podrían hacer lo que les viniese en gana, sin tener en cuenta la opinión pública ni la de los otros partidos políticos, a excepción del ultranacionalista MHP. Se olvidaron de sus electores y de cómo y por qué habían llegado a gobernar. Pero la borrachera de poder ya les pasó, al igual que la resaca de la misma durante la cual vieron peligrar su existencia. Ahora han renacido y tienen que volver a la realidad.
La decisión de no ilegalizar al Adalet ve Kalkınma Partisi y sancionarle económicamente advirtiéndolo seriamente ha sido el mejor desenlace posible. Se ha evitado que la incertidumbre reine en el país, pero al mismo tiempo se ha visto claramente la postura de los magistrados. Es pronto todavía, pero parece ser que esta decisión ha empezado a dar sus frutos pues el presidente Gül ha convocado para el 1 de octubre al primer ministro y a los presidentes de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo, al igual que tiene previsto convocar también a los líderes de los partidos representados en el parlamento para elaborar una propuesta para una nueva consitutción que se desmarqué de la actual, que fue promulgada tras el golpe de Estado de 19801. Es muy pronto todavía y sacar conclusiones es de lo más aventurero, pero da la sensación de que el sentido común ha vuelto, o tal vez llegue por primera vez, a los políticos turcos, o al menos a los del AKP.
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