El pasado día 14 de marzo, el fiscal general del Estado, Abdurrahman Yalçinkaya, solicitó la ilegalización del AKP y la inhabilitación política de 70 de sus miembros, incluido el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, basándose en que dicho partido se ha convertido en un núcleo de actividades contra el laicismo.
El fiscal solicitó además la inhabilitación del presidente de la República, Abdullah Gül, antiguo miembro del AKP ahora sin carné de un partido político.
Los miembros del Tribunal Constitucional aceptaron por consenso la apertura del caso contra el AKP, pero tres miembros de la sala se opusieron a la inhabilitación de Gül, que finalmente fue aceptada con el voto afirmativo de los otros ocho jueces del tribunal.
El jefe de Estado sólo puede ser juzgado en caso de alta traición a la República y, aunque Gül fue miembro del AKP y ministro en el gabinete de Erdogan, dejó su carné político al asumir la Presidencia.
La acusación será ahora enviada al AKP para que prepare su defensa en el plazo de un mes.
En ese plazo, el fiscal general del Estado finalizará también la acusación y los miembros del AKP imputados podrán defenderse de forma verbal ante el Tribunal Constitucional.
Según los expertos, el tribunal tardará unos seis meses en deliberar sobre el caso y el AKP será ilegalizado en caso de que 7 de los 11 jueces constitucionales voten a favor de esa medida.
También, en lugar de su ilegalización, los jueces podrían decidir bloquear total o parcialmente la financiación estatal al partido.
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Pablo Gómez es especialista en Turquía y editor jefe de Hispanatolia desde 2011. Desde 2006 se dedica al análisis de la actualidad y la geopolítica de Turquía y su región.
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