Al menos 13 personas fueron detenidas en las últimas horas en Turquía tras una investigación puesta en marcha por la Oficina del Fiscal Jefe de la República en Ankara en relación con una investigación por corrupción vinculada a una serie de conciertos organizados por el Ayuntamiento Metropolitano de Ankara -gobernador por el principal partido de la oposición turca, el CHP- entre los años 2021 y 2024, en los que supuestamente se habrían inflado facturas que luego habrían sido cobradas a través de sociedades fantasma.
Tal y como informó en un comunicado citado por el diario Hürriyet la fiscalía de Ankara, los sospechosos -entre los que se incluyen tanto antiguos funcionarios del ayuntamiento de la capital como empresarios dedicados a la organización de eventos- fueron detenidos bajo los cargos de abuso de autoridad y amaño de licitaciones públicas. La investigación abierta por el fiscal jefe de Ankara se centra concretamente en un total de 32 conciertos celebrados entre 2021 y 2024 que habrían supuesto una pérdida financiera para el erario público de 154,4 millones de liras turcas (unos 3,15 millones de euros), según varios informes elaborados por el Ministerio del Interior, la Junta de Investigación de Delitos Financieros y el Tribunal de Cuentas.
El Ayuntamiento Metropolitano de Ankara (ABB, por sus siglas en turco) emitió a su vez un comunicado tras saltar la noticia sobre las detenciones en el que se indica que la irregularidad fue denunciada el 11 de noviembre de 2024 y que el ayuntamiento se puso entonces en contacto inmediatamente con la Junta de Inspección Municipal, que examinó en detalle lo ocurrido pero que, no obstante, emitió un informe declarando que no había detectado irregularidades ni perjuicio público.
El comunicado del ayuntamiento añade que, bajo circunstancias normales, los funcionarios que actualmente trabajan en el ayuntamiento deberían haber sido llamados a comisaría para prestar declaración, e insiste en que “el Tribunal de Cuentas auditó previamente todas las operaciones de nuestro departamento de cultura, y no se encontraron incidencias. Además, los inspectores civiles realizaron una inspección decenal entre 2021 y 2022, y no se encontraron problemas ni incidencias en relación con el procedimiento de licitación (de los conciertos). Es decir, no se encontraron irregularidades en las licitaciones del Departamento de Cultura (del ABB)».
Precios inflados y empresas fantasma
Sin embargo, los informes incluidos en el expediente de investigación que maneja la fiscalía, señalan lo contrario; por ejemplo, se manifiesta que la contratación de servicios para los conciertos organizados por el Ayuntamiento Metropolitano de Ankara entre 2021 y 2024 no se ajustó al procedimiento, que los precios pagados a las empresas contratistas para la organización de un total de 32 conciertos no se correspondían con los precios habituales y -de hecho- estaban muy por encima de los precios vigentes en el mercado, y que la administración pública sufrió pérdidas equivalentes a 154.453.221,60 liras (3.160.885,18 euros).
En esos informes también se señala que los conciertos organizados por el Ayuntamiento Metropolitano de Ankara y el Departamento de Cultura y Asuntos Sociales fueron adjudicados a una sola empresa mediante una “contratación directa” de un servicio cuando este debería haber sido objeto de un concurso público entre varias empresas, y a pesar de que esto era contrario a la legislación vigente sobre licitaciones públicas.
Además, un informe elaborado por la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK, por sus siglas en turco) y mencionado por la fiscalía en su investigación afirma que al menos tres de las empresas adjudicatarias no estaban ubicadas realmente en los domicilios especificados, operando como oficinas virtuales que utilizaban para emitir facturas irregulares; así mismo, al menos dos de esas empresas enviaron parte del dinero destinado a organizar el concierto que habían recibido del ayuntamiento a empresas de nueva creación, todas ellas con estructura de socio único, con domicilios operativos que eran generalmente pisos y distintos de las direcciones que declaraban, sin empleados asegurados, y con áreas de actividad completamente distintas a las de la empresa pagadora, ajenas por completo a la organización de eventos.
El informe de la MASAK y en el que la fiscalía basa también parte de su investigación por corrupción, también señala que los honorarios pagados a los artistas que actuaron en los conciertos objeto de investigación representaban aproximadamente tan solo el 20% de la cantidad abonada por el ayuntamiento de Ankara, mientras que el 80% restante quedaba en manos de las empresas mencionadas. El examen pericial determinó además que, aunque el montaje del escenario, los pagos de los servicios en los conciertos y los beneficios de los contratistas se calcularon por separado para cada concierto, varios de esos conciertos se celebraron en el mismo lugar y en las mismas fechas, por lo que los costes reales se inflaron artificialmente, de forma que la Junta de Investigación de Delitos Financieros determina que las pérdidas reales para las arcas públicas superan probablemente el valor calculado inicialmente.
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Pablo Gómez es especialista en Turquía y editor jefe de Hispanatolia desde 2011. Desde 2006 se dedica al análisis de la actualidad y la geopolítica de Turquía y su región.
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