El AKP califica el comunicado emitido por la Corte Suprema de ilegal, político y parcial
La tensión entre el gobierno turco del AKP y parte de la cúpula judicial se agravó en las últimas horas con la publicación a última hora del miércoles de un duro comunicado de cinco páginas con la firma de la Comisión de Presidentes de la Corte Suprema de Apelaciones, que acababa de reunirse.
En el comunicado, la Comisión acusa indirectamente al AKP de no aceptar la independencia del poder judicial y de estar ejerciendo presión política sobre el sistema judicial en relación a la demanda de ilegalización presentada ante el Tribunal Constitucional por el Fiscal Jefe de la Corte Suprema de Apelaciones, Abdurrahman Yalçınkaya. Además, el texto afirma que «ciertos círculos políticos» tratan de reformar la Constitución de acuerdo a su propia ideología, creando tensiones en el país y perjudicando a la sociedad turca.
El comunicado aprovecha también para defender la actuación del Fiscal Jefe Yalçınkaya subrayando que la demanda de ilegalización del partido en el gobierno -el AKP- no es una acción personal sino una iniciativa de toda la Corte Suprema, y califica las opiniones vertidas contra Yalçınkaya «por los acusados y los que los apoyan, a través de comentarios y artículos» de actos criminales. El texto ahonda en los argumentos y acusaciones ya presentados por el fiscal Yalçınkaya ante el Tribunal Constitucional para pedir la clausura del AKP.
El gobierno califica el comunicado de «político»
La respuesta del gobierno no se hizo esperar. El portavoz del gobierno turco y vice primer ministro, Cemil Çiçek, no dudó en calificar el comunicado emitido por la Comisión de Presidentes de la Corte Suprema de Apelaciones de «político» y carente de legitimidad democrática o legal, y afirmó que violaba los principios de la democracia y de la imparcialidad judicial.
«Consideramos este comunicado desafortunado para nuestra democracia y nuestro sistema judicial», dijo Çiçek durante una conferencia de prensa en Ankara. «La Comisión no tiene ni la función ni la autoridad para emitir tales comunicados. Nuestro sistema democrático y judicial no permite el uso de ninguna autoridad que no emane de la Constitución y las leyes, en representación del pueblo turco. Por lo tanto, este comunicado no sólo carece de legitimidad democrática, carece también de legitimidad legal. Este es un comunicado político y es totalmente inaceptable. La Comisión se ha vuelto parcial sobre el caso mediante un enfoque inaceptable que aprueba la demanda de clausura del partido en el gobierno».
Çiçek añadió que la Comisión no era un órgano político y que por tanto no podía adoptar una postura en las discusiones políticas.
«No puede actuar con un partido de la oposición», dijo. «No es la labor del poder judicial discutir las actividades de los órganos legislativo y ejecutivo y los procesos de promulgación de leyes. La Comisión, que considera argumentos de la opinión pública como una intervención en el poder judicial, ha violado el Artículo 138 de la propia Constitución al adoptar posturas sobre casos en marcha en una estancia judicial superior (el Tribunal Constitucional)».
El Ministro de Justicia, Mehmet Ali Sahin, fue otro de los responsables del gobierno que criticó enseguida el comunicado de la Comisión de Presidentes de la Corte Suprema de Apelaciones, calificándolo de político e innecesario: «Ni el judicial ni el ejecutivo deberían controlarse entre ellos. El Ministerio de Justicia y el gobierno han hecho y continuarán haciendo todo lo que sea preciso para garantizar la separación de poderes».
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Como gran aficionado a la historia que es, a Pablo Gómez le cautivó Turquía desde el primer día que la visitó en 2006: allí se casó, allí tiene una casa, y desde entonces se ha convertido en todo un experto en la actualidad de Turquía. Con una larga experiencia en medios de comunicación, está al frente de Hispanatolia desde 2011.
