El 17 de diciembre del 2013 Turquía se despertó con una macro redada contra la corrupción en el seno del gobierno y círculos empresariales próximos a él. Muammer Güler (interior), Zafer Çağlayan (economía), Erdoğan Bayraktar (medio ambiente y urbanización) y Egemen Bağış (relaciones con la Unión Europea) fueron los cuatro ministros a quienes salpicó dicho escándalo en un primer momento.
La comisión de investigación debía decidir el lunes si mandar los casos a la Asamblea Nacional, donde se votaría si despojarles de la inmunidad parlamentaria para poder ser juzgados por el Tribunal Superior. Sin embargo, el resultado de la comisión (9 votos en contra y 5 a favor) ha evitado que se pudiese llegar a dicha situación. La votación no debería sorprender ya que la comisión está compuesta por 9 miembros del AKP, 4 del CHP y 1 del MHP.
El gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) ha visto emborronada, una vez más, su credibilidad e imparcialidad. La formación política cuyas siglas AK se pueden traducir como puro o limpio ha demostrado su rechazo a luchar contra la corrupción en su seno. Con la decisión de la comisión parlamentaria se pone de relieve la impunidad de aquellos miembros que cuenten con el respaldo y el beneplácito del partido.
Este acontecimiento contradice las declaraciones de Ahmet Davutoğlu acerca del compromiso del gobierno de luchar contra la corrupción. El 22 de diciembre el primer ministro dijo que tendría una tolerancia cero respecto a la corrupción y que «cortaría el brazo» de cualquiera que estuviera relacionado con ella «incluso si se tratase de nuestro propio hermano». Está claro que aprecia más a sus compañeros de partido que a su hermano.
Erdoğan siempre ha insistido que las acusaciones de corrupción contra su gobierno y su persona, especialmente desde que le salpicasen a él y a su familia el 25 de diciembre del 2013, son un «golpe encubierto» del clérigo Fetullah Gülen y sus seguidores. Sea como fuere, cerrarse en banda a que dichos casos se investiguen a fondo de manera neutral y relevar a miembros de la judicatura y policías que llevaron a cabo las pesquisas, sólo lo haría alguien que tenga cosas que esconder.
Hay que dejar que la justicia trabaje; si los acusados son inocentes así serían reconocidos por el tribunal, pero desgraciadamente nos hemos quedado con las ganas de conocer la verdad. Supongo que el hecho de que cuatro de sus ex ministros tuviesen que responder ante un tribunal no sería una buena propaganda para el AKP de cara a las elecciones generales de junio.
Antes de que se conociese el veredicto, Murat Yetkin, columnista y editor jefe de la versión inglesa del diario turco Hürriyet, escribió un artículo titulado «Otro examen para el gobierno sobre la corrupción». Ahora, tras saber el resultado, podemos decir que el gobierno ha suspendido dicho examen.
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