Los detractores del presidente egipcio hicieron un llamamiento a nuevas protestas y a la huelga tras el decreto emitido el jueves en el que se otorgaba inmunidad judicial a sí mismo y al parlamento dominado por los Hermanos Musulmanes.
Los opositores al presidente egipcio, el islamista Mohamed Morsi, hicieron un llamamiento a la huelga y convocaron una gran protesta para el próximo martes en la capital de Egipto, El Cairo, después del decreto en el que Morsi se atribuye nuevos poderes presidenciales incluso por encima de los jueces.
Formaciones liberales, progresistas, laicas y socialistas instaron a sus seguidores a llenar las calles de la emblemática Plaza Tahrir para «derribar la declaración fascista y déspota» emitida el jueves por Morsi, y advirtiendo que el país atraviesa «un momento histórico en el que o completamos nuestra revolución, o la abandonamos para convertirnos en presa de un grupo que ha puesto sus pequeños intereses de partido por encima de los intereses nacionales», dijo en un comunicado publicado a última hora del viernes en internet el Partido Constitucional (DP), fundado por el Nobel de la Paz Mohammad el-Baradei.
Por su parte el máximo órgano judicial de Egipto también criticó el decreto presidencial que otorga nuevos poderes a Morsi calificándolo como un «ataque sin precedentes» contra la independencia del poder judicial y haciendo un llamamiento a la huelga. En una reunión de emergencia convocada poco después del decreto presidencial, el Consejo Supremo Judicial urgió al mandatario egipcio a anular el decreto «que viola la autoridad judicial».
¿Lucha por las reformas, o por el poder?
La decisión del presidente egipcio adoptada el jueves ha enfurecido a sus detractores y degeneró en violentos disturbios el viernes en varias ciudades del país, con miles de manifestantes saliendo a protestar a las calles y atacando varias oficinas del partido que aupó a Morsi al poder, los Hermanos Musulmanes. Hubo también numerosos enfrentamientos entre grupos de manifestantes y seguidores del presidente.
Morsi emitió el jueves un decreto presidencial que le garantiza nuevos poderes y que en la práctica le permitirá escapar al control judicial hasta que esté aprobada la nueva constitución, elaborada por un parlamento donde los Hermanos Musulmanes son mayoría. El presidente se libraba así de un poder judicial que ha desafiado desde el principio a los islamistas, y le priva de tomar cualquier sentencia contra el parlamento, la comisión encargada de elaborar la nueva constitución, o sobre los decretos presidenciales.
Aunque los nuevos poderes de Morsi se supone que son temporales hasta la redacción de una nueva carta magna y la celebración de nuevas elecciones parlamentarias, sus detractores le acusan de buscar convertirse en un «nuevo faraón» al estilo del depuesto Hosni Mubarak e incluso con más poder que el que fuera presidente de Egipto durante 30 años hasta su derrocamiento en febrero de 2011.
El actual presidente egipcio justificó por su parte su decisión como un paso necesario para defender lo que llamó como una «amenaza a la revolución», en referencia al pulso con un poder judicial que muchos egipcios consideran afines al anterior régimen y que está bloqueando la reforma de las instituciones del país, después de que los tribunales ya ordenaran meses atrás la disolución del parlamento y de otra comisión constitucional.
En unas declaraciones hechas ante miles de sus seguidores concentrados para apoyarle frente al palacio presidencial, Morsi aseguró que Egipto se encontraba en el camino hacia «la libertad y la democracia». «Estabilidad política, social y económica es lo que yo quiero, y es por lo que estoy trabajando… Siempre he estado, y aún lo estoy, y lo seguiré estando si Dios quiere, con el pulso del pueblo, con lo que el pueblo quiere», afirmó el presidente egipcio ante sus fieles.
La decisión de Morsi ha sido recibida con honda preocupación no sólo dentro del propio Egipto sino también desde fuera, incluyendo Naciones Unidas y la Unión Europea, que han pedido que se respete la separación de poderes y la independencia judicial en el proceso de cambios y reformas constitucionales e institucionales que atraviesa el país, así como la celebración de unas elecciones parlamentarias lo antes posible, después de que en junio la Corte Suprema Constitucional dictaminase que las elecciones legislativas celebradas meses atrás habían sido inconstitucionales y ordenase la disolución del actual parlamento y la celebración de otros comicios.
Hace una semana varios miembros liberales y cristianos se retiraron de la comisión constitucional en protesta por lo que consideraron una imposición por parte de los islamistas de sus consignas sobre el borrador de la nueva carta magna, acusándolos de querer sacar adelante un texto conservador que atenta contra libertades personales y margina a las mujeres y a la minoría copta del país.
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Pablo Gómez es especialista en Turquía y editor jefe de Hispanatolia desde 2011. Desde 2006 se dedica al análisis de la actualidad y la geopolítica de Turquía y su región.
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