El Tribunal Constitucional de Turquía invalidó algunas partes de los Artículos 2º y 3º de la ley aprobada recientemente en la Asamblea Nacional de Turquía.
El Tribunal Constitucional de Turquía invalidó algunas partes de los Artículos 2º y 3º de la ley aprobada recientemente en la Asamblea Nacional de Turquía que establecía el desminado de la frontera con Siria, y cuya parte más polémica preveía la cesión del terreno desminado a empresas extranjeras durante varias décadas. Turquía está obligada bajo el Tratado de Otawa a limpiar de minas anti-persona su territorio para el 2014.
El alto tribunal anuló la parte del Artículo 2º -que se refiere al procedimiento para la concesión del desminado- que establece que si el Ministerio de Defensa Turco no puede llevar a cabo la limpieza de minas, esta podrá ser llevada a cabo por el Ministerio de Finanzas a través de una empresa privada a la que se le cederá el uso de los terrenos desminados. En cuanto a la parte del Artículo 3º que el Constitucional ha anulado, se refiere a la duración del derecho a uso de los terrenos por parte de las empresas privadas a las que se le otorgue la concesión.
Los principales partidos de la oposición en el parlamento turco presentaron el pasado mes de junio una demanda ante el Tribunal Constitucional pidiendo la invalidación de varios apartados de la Ley de Limpieza de Minas en la Región Fronteriza entre Turquía y Siria, argumentando que varios de sus artículos iban en contra de la Constitución. Uno de los aspectos más polémicos de la ley, que desató las iras especialmente de la oposición nacionalista, era el que establecía que si se otorgaba el desminado de la frontera a una compañía privada -algo bastante probable dado que las Fuerzas Armadas Turcas ya han dicho que no podrían hacerse cargo de semejante operación-, dicha empresa recibiría los derechos de explotación de los terrenos «limpiados» durante un período de 44 años.
La controversia aumentó al saberse además que las únicas empresas que se habían interesado por la operación eran compañías israelíes -con amplia experiencia en el desminado de tierras-, por lo que muchas voces mostraron su clara disconformidad con que cientos de kilómetros de tierras a lo largo de la frontera con Siria pasasen a manos israelíes durante más de cuatro décadas.
El primer ministro Erdoğan llegó a acusar a los partidos de la oposición de estar anclados en prejuicios del pasado, diciendo que rechazaban su plan únicamente porque implicaba una concesión a una compañía extranjera. No obstante, el plan fue rechazado no sólo por el CHP -principal partido de la oposición- sino también por el nacionalista MHP y por el pro-kurdo DTP, que coincidían con el CHP en que los terrenos desminados deberían ser distribuidos entre los habitantes pobres de la región, y no a una empresa privada. Varios miembros del propio partido de Erdoğan -el AKP- habían mostrado también su desacuerdo con la ley.
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Pablo Gómez es especialista en Turquía y editor jefe de Hispanatolia desde 2011. Desde 2006 se dedica al análisis de la actualidad y la geopolítica de Turquía y su región.
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