El principal partido de la oposición en Turquía considera contraria a la Constitución la ley que establece un plazo hasta 2015 para el cierre de estas escuelas privadas, muchas de ellas controladas por el movimiento religioso Gülen.
El principal partido de la oposición en Turquía, el kemalista Partido Republicano del Pueblo (CHP), anunció el jueves que está realizando los trámites necesarios para apelar el cierre de las escuelas de preparación universitaria conocidas como «dershane» ante el Tribunal Constitucional, un día después de que el Presidente de la República Abdullah Gül ratificase la ley aprobada recientemente en el parlamento turco.
En una conferencia de prensa, el vice presidente del CHP Akif Hamzaçebi afirmaba ante los periodistas que la nueva legislación contradice la Constitución y va en contra de la libertad empresarial, por lo que su partido recurrirá a la máxima instancia judicial del país para pedir su anulación.
La ley rubricada el miércoles por el presidente turco da de plazo hasta septiembre de 2015 para el cierre de todas las «dershane», centros dedicados al apoyo a estudiantes que tratan de acceder a la universidad. En los casos en los que sea posible estas escuelas serán transformadas en centros de educación primaria o secundaria, o bien en residencias o centros educativos públicos, un proceso que se prevé concluir para finales de 2018 o principios de 2019.
Actualmente existen unas 4.000 «dershane» en Turquía, unas instituciones surgidas en los años 70 para complementar a un sistema educativo turco entonces muy deficiente y que con los años han llegado a convertirse en un lucrativo negocio para muchas organizaciones y entidades privadas, en especial el movimiento religioso dirigido por el erudito islámico Fethullah Gülen.
No hay cifras exactas, pero se sospecha que cerca de la mitad de las «dershane» están regidas o vinculadas, directa o indirectamente, por el movimiento Gülen, que sus seguidores llaman «Hizmet» (una palabra que en turco significa «Servicio») y que se ha servido de ellas durante décadas para recaudar buena parte de sus fondos así como nuevos seguidores. En las dos últimas décadas el Hizmet -o «Cemaat» («Comunidad»), como es conocido popularmente en Turquía- ha ido creando una vasta red de organizaciones y fundaciones que ha incluido instituciones como las «dershane», además de empresas y medios de comunicación.
Precisamente el punto de inflexión que marcó el actual enfrentamiento que el gobierno turco mantiene con el movimiento Gülen se estableció cuando en noviembre del año pasado el ejecutivo dirigido por Recep Tayyip Erdoğan anunció sus planes para cerrar estas escuelas privadas, que el propio Erdoğan ha acusado de servir sólo a los intereses de los «hijos de las familias ricas en las grandes ciudades».
El primer ministro turco y líder del AKP asegura que las «dershane» reportan unos beneficios anuales superiores a los 1.000 millones de dólares -700 millones de euros. En declaraciones realizadas durante una entrevista televisada en la noche del miércoles en la cadena Kanal 24, Erdoğan negó no obstante que la decisión de cerrar estas escuelas privadas tuviera por objetivo atacar al movimiento dirigido por Fethullah Gülen -que reside en un autoexilio en Estados Unidos- sino que «ha sido un proyecto de nuestro gobierno planeado hace más de cinco años».
La nueva ley ratificada el miércoles por el presidente turco, además de fijar un plazo para el cierre de las «dershane», establece también cambios profundos en la organización y duración de los cargos en el sistema educativo y el Ministerio de Educación, de modo que el mandato de los principales puestos en la administración educativa se limitará a cuatro años.
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Pablo Gómez es especialista en Turquía y editor jefe de Hispanatolia desde 2011. Desde 2006 se dedica al análisis de la actualidad y la geopolítica de Turquía y su región.
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